La Contraloría General del estado procesó a 18 ex funcionarios de la administración de Guillermo Padrés que provocaron al estado un quebranto patrimonial superior a los 6 mil 250 millones de pesos.

Entre ellos se encuentran el ex secretario de Gobierno, Roberto Romero; el ex secretario de Hacienda, Carlos Manuel Villalobos, y el ex tesorero, Mario Cuén Aranda.

Miguel Ángel Murillo Aispuro, contralor general del estado, dijo que de acuerdo con la Ley de Servidores Públicos, se trata de procesos administrativos.

Están inhabilitados por 10 años y la dependencia espera recuperar el quebranto mediante créditos fiscales a través de la Secretaría de Hacienda. En total, hay mil expedientes en investigación, 40 fueron turnados ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción.

Los procesos administrativos que sancionó la Contraloría son operaciones contables, presupuestales y patrimoniales sin contar con la documentación justificable, comprobada y sustentada.

Además de la sanción administrativa, podrían iniciarse procesos penales a cargo de autoridades federales o estatales como la Procuraduría General de la República, Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción o la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que hay casos donde están comprometidos recursos públicos federales.

El ex secretario de Hacienda es acusado de realizar operaciones contables, presupuestales y patrimoniales sin contar con la documentación justificable por mil 586 millones 83 mil pesos. Está inhabilitado por 10 años y se le impuso una sanción económica por 2 mil 782 millones de pesos.

En el caso del ex tesorero, se le procesó por no comprobar mil 586 mil millones de pesos y la sanción administrativa asciende a 329 millones 46 mil pesos.

En tanto, el ex secretario de Gobierno cargó a la partida 44101, destinada a las ayudas sociales de personas, 90 millones 163 mil 160 de pesos e incumplió en la falta de transparencia, por lo cual se desconoce el destino de esos recursos.

Murillo Aispuro dijo que los funcionarios que formaban parte del gabinete del ex gobernador Guillermo Padrés serán turnados a la Fiscalía Anticorrupción.

Indicó que los otros encausados cometieron irregularidades presupuestarias, adjudicación irregular de obras y falta de depósitos a cuentas concentradoras.

De los ex funcionarios de la administración estatal 2009–2015 que fueron inhabilitados, 14 de ellos deberán resarcir daños al erario por 6 mil 259 millones 140 mil 492 pesos.

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