Una veintena de organizaciones civiles del sureste del país y más de 70 personas de manera individual exigieron al gobierno de México que intervenga para agilizar el retorno de Gustavo Castro Soto, a quien una alerta migratoria de 30 días le impide salir de Honduras.
Expresaron su preocupación por la seguridad del activista residente en Chiapas, a quien no le han permitido dejar el país centroamericano, con el argumento de que ahora es “un testigo importante en el asesinato de Berta Cáceres, pero como bien dice él, no tiene delito, ya declaró y las demás diligencias las puede hacer aquí en México”, refirieron.
Las organizaciones, a su vez, exigieron que se aplique la justicia por el homicidio de Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), quien fue acribillada durante un ataque el 3 de marzo en La Esperanza, Intibucá, Honduras, donde Castro Soto cayó herido.
Estamos indignados por los sucesos violentos en la Esperanza, donde arrebataron la vida a Berta e hirieron a Gustavo aseguraron en un pronunciamiento suscrito entre otras organizaciones por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Melel Xojobal, Voces Mesoamericanas, la Coalición Ciudadana de Palenque.
A la petición se suman La Red Junco de la Selva Norte de Chiapas y Pantanos de Tabasco y el Comité de derechos Humanos Fray pedro Lorenzo de la Nada, entre otros grupos y colectivos de activistas. Respaldaron el compromiso social y la trayectoria de la extinta y del ambientalista habitante de San Cristóbal las Casas
“ Sabemos de su trayectoria en la defensa de la tierra y el territorio encabezando luchas pacíficas importantes junto a sus organizaciones, articulándose con otros actores sociales, organizaciones y redes, contra la invasión de empresas transnacionales que buscan apropiarse de los recursos naturales y saberes de los pueblos, solapadas en la mayoría de los casos, por los gobiernos”, expusieron.
erp