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El gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo no estar contento con el hecho de que el procurador de Justicia estatal, Roberto Flores Treviño, le haya ocultado información sobre su pasado, en alusión a su detención por presuntamente haber expedido tres cheques sin fondos en distintas ocasiones en el estado de Nevada, Estados Unidos.
El Bronco comentó que fue un error que Flores no le informara sobre los hechos e informó que sostendrá una reunión con él para que explique los pormenores del caso y, con base en ello, tomar decisiones. Pese a los señalamientos, dijo que está satisfecho con los resultados del funcionario en la Procuraduría de Justicia.
El gobernador comentó que sostendrá una reunión con todo su gabinete porque no quiere más sorpresas de ese tipo. Advirtió que no protegerá ni solapará a nadie que cometa algún delito y que le pedirá a los funcionarios que no incurran en actos de nepotismo, para que no haya distracciones y se concentren en hacer bien las cosas.
El martes por la noche, después de acudir a la 72 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación, El Bronco salió apresuradamente para no atender preguntas de la prensa sobre el caso del procurador. Hasta ayer fijó su postura.
En la sesión de ayer, el Congreso local aprobó solicitar la comparecencia de Flores Treviño para hoy, a las seis de la tarde. El Bronco dijo que deberá acudir para que aclare la situación.
El coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, dijo que espera que el procurador acuda con actitud abierta y flexible para platicar, que ofrezca la mayor información posible y que comparta los convenios de pago que dice haber realizado con un casino, al asegurar que sólo fueron deudas de carácter mercantil.
Salinas consideró que con la información disponible hasta ahora se puede afirmar que lo realizado por el funcionario es inmoral, pero sólo se podrá decir si es ilegal hasta después de su comparecencia, cuando tengan el expediente completo.
Afirmó que, si hay elementos, iniciarán un juicio político contra Flores Treviño; otra salida, dijo, sería que el funcionario presentara su renuncia o que el gobernador lo retire del cargo.
Se pronunció por modificar la Constitución, para que la Procuraduría sea una entidad autónoma y que su titular sea designado a través de un concurso o convocatoria abierta en la que participe gente de reconocida solvencia moral y profesional, sin ser una propuesta del gobernador.
“Que acuda sin soberbia”. El líder de la fracción priísta, Marco Antonio González Valdez, pidió a Flores Treviño que acuda “sin algún tipo de soberbia, muy aterrizado, a explicar lo que ocurrió”.
Expresó que si hay elementos para iniciar un juicio político lo harían, pero el gobernador se sentiría agredido, manipularía sus redes sociales y culparía al Congreso de que no lo dejan trabajar. Por eso, dijo, él como responsable de proponerlo, deberá ser igualmente el encargado de removerlo, pues la fracción priísta no quiere entrar en conflicto con el mandatario.
Recordó que cuando el Congreso analizó su propuesta para la Procuraduría, le dieron a Flores Treviño el voto de confianza a pesar de cuestionamientos en su contra por antecedentes de posesión de arma prohibida.
Dijo que el gobernador debe evitar este tipo de conflictos y poner en su gabinete a gente que le dé tranquilidad a Nuevo León, pues hay varios funcionarios que han sido cuestionados y él se aferra a no hacer cambios. En este caso, comentó, el cargo de procurador es el tercero en importancia.
En la sesión de ayer, el Congreso aprobó un exhorto al gobernador para que se respeten los derechos humanos y laborales de todos los trabajadores al servicio del estado, ante la difusión de una grabación en la que supuestamente el titular del Registro Civil, Raúl Guajardo, pide a los oficiales del RC renunciar para que sus puestos sean ocupados por gente que colaboró en la campaña de El Bronco.
La diputada Liliana Tijerina (PRI) comentó que intercedió ante Guajardo por el despido de una oficial del Registro Civil que fue despedida sólo por su militancia en el tricolor, y la pretendían indemnizar con cinco mil pesos por 18 años de trabajo.