El Movimiento Mexicano de Afectados/as por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) consideró que la contratación que el gobierno de Jalisco estableció con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para analizar la viabilidad de la presa El Zapotillo –cuya conclusión está detenida por un proceso legal– “es limitada, confusa y riesgosa”.
La principal preocupación del organismo es que el estudio carece de instancias reales de participación ciudadana y contraloría social que permitan la toma de decisiones con los actores involucrados en el conflicto.
“El estudio plantea la conformación de un Comité de Dirección del Proyecto, integrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), la UNOPS y el PNUMA; además, de un Comité Técnico integrado por funcionarios independientes de UNOPS y PNUMA (…) ¿Las autoridades y las Naciones Unidas actuarán como juez y parte? ¿Quién monitoreará y vigilará que durante la realización y las recomendaciones del estudio no se vulneren los derechos de las comunidades afectadas? ¿En dónde queda la voz de las comunidades afectadas?”, cuestionó la organización.
La realización del proyecto “Asistencia Técnica para la Sostenibilidad del Proceso de Planeación de Obras de Infraestructura en la Cuenca del Río Verde” costará al gobierno de Jalisco 4.6 millones de dólares y está programado que concluya en junio de 2017.
Según MAPDER, la propuesta de la UNOPS y el PNUMA no cumple con los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta y la participación que Naciones Unidas está obligada a respetar.
“¿Nos preguntamos, al igual que las comunidades afectas, ¿por qué gastar 4.6 millones de dólares de fondos públicos de la ciudadanía en un estudio cuyos resultados no son vinculantes, no se sabe para qué y cómo se usarán?”, insistió el organismo.
Así, se hizo un exhorto al gobierno de Jalisco, la UNOPS y el PNUMA para que a la brevedad realicen los ajustes al proyecto para corregir estas deficiencias, algo que las autoridades ya habían acordado con el Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, el Colectivo de Abogadxs y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), en una reunión realizada el pasado 14 diciembre en las oficinas de la Semadet.
Las peticiones concretas del MAPDER son que se conformen las instancias necesarias que garanticen la participación en la toma de decisiones durante la realización y los resultados del estudio y que se dé a conocer el Plan Operativo definitivo del estudio.
cfe