Campesinos de Cadereyta afectados por el derrame de crudo registrado en agosto de 2014, que contaminó sus parcelas, norias, canales de riego y el cauce del río San Juan, se vieron obligados a promover un amparo ante la justicia federal, a fin de que las autoridades los doten de agua potable, conforme al artículo cuarto de la Constitución.
El abogado de los quejosos, Roberto Santana Villarreal, explicó que el 28 de enero pasado el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa otorgó una suspensión provisional de amparo a sus representados, los más de mil habitantes del ejido Tepehuaje, ubicado en Cadereyta Jiménez, para que cuatro autoridades con responsabilidad directa les proporcionen agua potable suficiente para consumo personal y doméstico.
Sin embargo, al paso de los días, las autoridades señaladas: el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el alcalde de Cadereyta, José Santiago Preciado, y los directores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como del organismo descentralizado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, no tomaron las medidas necesarias para abastecer a los ejidatarios, por lo que éstos han tenido que adquirir agua purificada, con la implicación de un gasto de hasta 150 pesos por semana.
El abogado Santana Villarreal pidió al juez hacer un requerimiento a las autoridades omisas, resolución que fue emitida de manera favorable el viernes pasado, y ahora deberán demostrar que ya dieron cumplimiento o están en proceso de hacerlo, pues en caso contrario, podrían incurrir en desacato y hacerse acreedores a multas e incluso sanciones penales, dijo el litigante.