El gobernador Graco Ramírez envió al Congreso del estado una iniciativa de decreto para convertir en ley la obligación de que funcionarios de primer nivel hagan pública sus declaraciones patrimoniales, de intereses y el cumplimiento de obligaciones fiscales.

La iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos considera sólo al Poder Ejecutivo, pero el mandatario estatal invitó a los poderes Legislativo, Judicial y a los Ayuntamientos a que se sumen a dicho gesto de transparencia.

“El combate a la corrupción es una demanda ciudadana y una obligación de los funcionarios, que sirvan a los ciudadanos y no que se sirvan de ellos”, declaró el gobernador.

Durante el anuncio de la publicación en el portal oficial de las declaraciones patrimoniales de todos los mandos superiores del poder Ejecutivo y sus organismos, además de la declaración de conflictos de intereses de servidores públicos, el gobernador dijo que la entidad “sienta el precedente en transparencia, y es el único gobierno reconocido que está en el sistema de gobierno abierto”.

Recalcó que a pesar de que hay información que puede ser reservada, presumió que los funcionarios del Ejecutivo estatal renunciaron a este derecho e hizo un llamado a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno a emularlos.

Graco Ramírez y los integrantes del gabinete estatal, por segundo año consecutivo, hicieron pública su declaración patrimonial, y por vez primera, publicaron su declaración de conflicto de intereses.

Mencionó que para completar las tres recomendaciones internacionales de buenas prácticas en transparencia, una vez que se agote el plazo que establece el Servicio de Administración Tributaria, “haremos pública el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada uno de los mandos superiores del gabinete estatal, así como directores de organismos desconcentrados, descentralizados y fideicomisos”.

La ley y los formatos electrónicos vigentes en Morelos, señaló el Gobernador, permiten a los funcionarios reservar cierta información confidencial, beneficio al que renunciamos el Gobernador y secretarios de despacho.

“Quienes estamos aquí reunidos hemos renunciado a ese derecho y hacemos público nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestras propiedades. No hay nada que esconder, todo está a la vista del ciudadano”, concluyó.

afcl

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