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Los funcionarios del gabinete de Jaime Rodríguez que han sido cuestionados, pero que son cercanos al gobernador independiente, permanecen en sus puestos, mientras que, con excepción del subsecretario Rogelio Benavides Pintos, los otros cinco servidores públicos que han presentado su renuncia, aunque no habían sido objeto de críticas en el ejercicio del cargo, no eran cercanos a El Bronco.
En lo que va de la administración que inició el 4 de octubre, las seis bajas en el gabinete estatal han sido las de Ismael Rodríguez Campos, de la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; Julio César Castillo, de la Secretaría del Trabajo, y Verónica Sada Pérez, de la subsecretaría de Energía de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Asimismo, Alfredo Treviño Pérez dejó la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, y Miguel B. Treviño de Hoyos renunció, el viernes, a la jefatura de la Oficina Ejecutiva.
La salida de Benavides Pintos, la noche del domingo, fue diferente. Lo hizo para “no afectar” a su amigo el gobernador, que era objeto de duros cuestionamientos por “solapar” la supuesta corrupción del subsecretario.
El funcionario fue acusado de adquirir 200 mil cobertores con un sobreprecio de 150%, hecho que motivó pronunciamientos de todas las bancadas del Congreso y protestas que exigían su remoción y castigo penal. Rodríguez no lo cesó, pero le aceptó la renuncia a 12 días del escándalo.
En las otras cuatro dimisiones se alegaron “motivos personales”, salvo la de Ismael Rodríguez, quien agregó “motivos de salud”, sin especificarlos.
Todos tenían un elemento en común: ninguno había formado parte del círculo cercano de El Bronco durante la campaña o en sus 30 años de priísta.
Las inesperadas bajas, puesto que nadie había cuestionado públicamente su nombramiento o su labor, han provocado especulaciones sobre supuestas fricciones o diferencias en el equipo de gobierno dada la integración de personajes de diferentes orígenes partidistas y disputas por el reparto de posiciones entre los allegados a Jaime Rodríguez y Fernando Elizondo.
En cambio, funcionarios cuyo perfil para el puesto fue puesto en duda, ocupan cargos que representarían conflictos de intereses o que han realizado acciones cuestionables, se mantienen, pese a que han solicitado su renuncia partidos, diputados y ciudadanos.
El común de todos ellos es su cercanía con el gobernador o su pertenencia a grupos que apoyaron su campaña.
Perfiles. Asesor jurídico y representante de Rodríguez Calderón ante la Comisión Estatal Electoral desde antes de ser nombrado procurador de Justicia, Roberto Flores Treviño fue cuestionado por su detención en 1992 por portación de arma prohibida.
“Me fijaron una pena de menos de un año, el juez primero de distrito, y una multa de 60.60 pesos. Eso no me impide ser procurador”, dijo Flores.
Incluso, su nombramiento no fue aprobado por unanimidad del Congreso. Ya al frente de la procuraduría, el Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos solicitó al Congreso someterlo a juicio político por violar los derechos constitucionales de los empleados de la dependencia al obligarlos, mediante una circular firmada por la directora general de Administración, María de Lourdes Williams, a entregar una constancia de renuncia en caso de ser militantes de algún partido.
Otra designación que ha sido criticada por agrupaciones ambientalistas, sin causar alguna mella en la opinión de El Bronco, es la del secretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi Montellano, debido a que en sociedad con Jaime Rodríguez compró un terreno de 152 mil metros cuadrados en García, operación asentada en el Registro Público de la Propiedad en octubre de 2012. Además, caería en conflicto de intereses porque fue vicepresidente de Constructora Javer hasta 2015.
A raíz de una revisión de Fuerza Civil al penal de Apodaca, donde fueron halladas celdas lujosas, drogas y armas, la diputación del PAN pidió, sin éxito, la consignación del director del reclusorio, Humberto Marroquín, por permitir condiciones similares a las que propiciaron la matanza de 49 reos en Topo Chico. El funcionario es hermano de la juez penal María Marroquín.
El 10 de febrero, el coordinador de la diputación local del PRI, Marco Antonio González, pidió las comparecencias de las secretarias de Educación, Esthela Gutiérrez, y de Desarrollo Social, Luz Natalia Berrún, sobre los señalamientos de que seguían cobrando por empleos de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, al igual de otros subalternos a los que invitaron a colaborar en el gobierno.
Sin embargo, ninguno de los funcionarios acudió a la cita. Esto se explica porque el ex panista, Rogelio Benavides, junto con el secretario de Gobierno, Manuel González, y el procurador Roberto Flores, fueron los principales operadores de la campaña de El Bronco.
En tanto que Berrún y Gutiérrez son consideradas posiciones entregadas por Rodríguez al grupo que domina la UANL y encabezan Antonio González Treviño y Rogelio Garza Rivera.