De exigir justicia por las víctimas a ser uno de ellos. No. A eso se resiste José Díaz Navarro, vocero de los familiares de las 57 personas desaparecidas en este municipio donde se disputan el territorio dos grupos de la delincuencia organizada: Los Rojos y Los Ardillos.
El 27 de enero arribaron al municipio casi 4 mil efectivos federales y militares en búsqueda de los principales capos del grupo criminal Los Rojos. Díaz quisiera sentirse más seguro, pero siguen matando en Chilapa. A ocho meses de que se organizaron para buscar a sus familiares no ha habido un diseño de búsqueda por parte de las autoridades y han recibido amenazas por su activismo.
En diciembre de 2015, Bernardo Carreto, quien formaba parte de la organización que conformaron 57 familiares de desaparecidos Siempre Vivos debido a que tres de sus hijos fueron víctimas de este delito, fue asesinado a balazos. “Tenemos mucho miedo de salir a las calles para realizar protestas o acudir al Ministerio Público, porque existe la amenaza de que también nos van a matar”, dice José Díaz.
“En mi caso y el de otros dos compañeros, individuos armados han ido a nuestras casas a preguntar por nosotros o a veces recibimos llamadas telefónicas”, añade.
José Díaz quiere que le entreguen el cuerpo de sus dos hermanos asesinados en los límites de Chilapa con Quechultenango, que según la PGR es una zona de operación de Los Ardillos, pero los demás familiares aún los exigen con vida.
Tras la irrupción el 9 de mayo de 2015 de unos 300 civiles identificados por pobladores como afines a Los Ardillos, 16 personas fueron raptadas; otras desaparecieron durante los meses anteriores. La FGE cuenta con 30 denuncias de desaparición. Díaz Navarro pide seguridad, porque el clima sigue caliente: en enero ocurrieron 12 asesinatos en Chilapa, municipio con apenas 120 mil habitantes.
Junto con Zitlala y Chilpancingo, Chilapa fue uno de los ayuntamientos más violentos en enero, sólo superados por Acapulco donde hubo 64 asesinatos. El Operativo Chilapa tiene como objetivo devolver la cotidianidad a la gente y revertir los indicadores negativos.
Desplazados por la violencia. En la cena de Navidad cada una de las 23 familias que se hospedaron en el hotel Diplomático de Chilpancingo llevaron un platillo para compartir. “A un cuartito le tocó buñuelos, birria de pollo; hicimos una comidita, cada quien llevó algo. Y eso es bonito, sabe, es de las pocas cosas que hacen sentir bien a uno”.
Habla Lalo, una de las 86 personas de las 23 familias que huyeron de la violencia de su región, la Tierra Caliente. Él junto con los demás desplazados vivían en Santa María Sur y El Barroso, ambas comunidades de San Miguel Totolapan. Hombres armados los desplazaron de sus casas y corrieron a donde pudieron.
“Los recuerdos quedan, como si hubiera sido ayer, duele lo que nos pasó a nosotros, pero ya nos tocó, hay que enfrentar las consecuencias. Dejamos todo. No sabíamos a dónde ir, dejamos nuestras tierras, dejamos nuestras casas. Pero hay cosas buenas, allá no teníamos ni amistad, cada quien en su casa y ahora estamos esperando que nos reubiquen juntos”.
“¿A mí pueblo?, ¡A mi pueblo no regreso!”, dice Lalo, quien afirma que el gobierno ya tardó dos años en apoyarlos. La renta del hotel corre por cuenta de la Sedesol, pero quieren unas casas. Nunca van a reponer sus animales, sus hogares y patios amplios, pero será un nuevo comienzo.
Tierra Caliente colinda con el Estado de México y Michoacán. De acuerdo con la PGR, se disputan el territorio al menos tres grupos delictivos. Antes de que llegaran los hombres armados, rememora, “había unas 180 personas en Santa María, y en El Barroso como 35. La gente se dedicaba a la siembra de maíz, calabaza, sandía, lo que no se vendía nos lo comíamos; engordábamos marranos, luego ya se vino todo”.
Los 26 niños van a escuelas y los adultos salen a trabajar como albañiles o ayudantes en general. Lalo dice sentirse más seguro en la capital que en su tierra donde en enero hubo 26 muertos, tan sólo dos menos que en Chilpancingo.
Su situación no es exclusiva. Los mosaicos de violencia se observaron en la región norte donde en 2016 han asesinado a 31 personas. Iguala, Tepecoacuilco, Taxco y Teloloapan registraron 19 crímenes en enero; en la Montaña, 10 homicidios; la Costa Grande, 23, y en la Costa Chica, 18 personas fueron asesinadas según la SSP durante el primer mes del año.