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Juanita y Damián, El Sapo, junto a otros 11 amigos se ríen cada que encuentran un hoyo con agua. El juego parece divertido: manos de niños de cuatro a 12 años hundidas en el lodo. Sólo que no lo es tanto; lo que para ellos es un juego representa para su familia tener agua para lavar, tomar y bañarse.
Son 15 familias desplazadas por la violencia en este municipio de la Costa Chica. Desde 2012 tuvieron que huir debido a la violencia de La Laguna y Hacienda de Dolores; Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente del estado. Los niños junto a sus papás suman en total 107 distribuidos en las comunidades de Tepango y La Unión, la última en cuyo río “andamos escarbando como animales” para tener agua.
Mariana Díaz, hija de Damián Díaz Hernández, quien fue asesinado en 2011 en Tierra Caliente, dice que desde diciembre de 2012, cuando aún gobernaba Ángel Aguirre Rivero, tuvieron que dejar todo en su pueblo porque talamontes y presuntos narcotraficantes los despojaron de sus tierras a balazos. Entonces, el mandatario se comprometió a reubicarlos de manera digna: casas, fuentes de trabajo, tierras para sembrar.
Todo quedó en promesas, porque aunque les construyeron nueve casas en un predio de dos kilómetros, éstas fueron mal hechas, edificadas en laderas inestables y no tienen fuentes de empleo. Son 31 niños en La Unión que caminan todos los días dos kilómetros entre ramas para poder llegar a sus escuelas y los adultos a veces trabajan de ayudantes en general, en el caso de Mariana, haciendo comida, pero no le es redituable: le pagan 100 pesos, pero en pasajes se le van 40.
Los desplazados de Coyuca de Catalán pertenecen a las familias Díaz Pérez, Santana Palacios —en su mayoría— a quienes desde 2005 a 2012 les han asesinado a 27 familiares.
Mariana dice que no se pueden acostumbrar a estar en Ayutla, porque en su tierra al menos no les faltaba para comer; sin embargo, ahora algunos días comen una tortilla por persona y chile, porque no tienen dinero ni tierras para sembrar.
Tienen familia aún en Puerto Las Ollas, Petatlán, donde viven 15 familias, más las 10 de La Unión y cinco más en Tepango que hacen un total de 107 refugiados, porque hombres armados los corrieron de sus casas.
Los desplazados, que se juntan en una sombra hecha con palma y otros materiales, recuerdan que el 28 de noviembre de 2012 fue asesinada la ecologista Juventina Villa junto a su hijo Rey Santana, a pesar de contar con medidas de seguridad en Las Ollas; un mes después despertaron en este clima de sol árido y seco.
La mayoría de los desplazados cuidaban su territorio y sembraban en él. Defendían sus recursos maderables, porque ese era el patrimonio que dejarían a sus hijos. Maderas preciosas como el encino y el roble. Además, tenían terrenos amplios donde sembraban varios cultivos.
Desde 2005 a Rubén Santana Alonso, líder ecologista, esposo de Juventina Villa, sujetos armados les pidieron permiso para la explotación de los bosques, también la autorización del paso de personas que transportaban droga. Se negó y lo mataron en 2011, a su esposa la mataron un año después, también por resistirse.
Desde 2011 han sido desplazadas de Coyuca de Catalán 155 familias, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, José María Morelos y Pavón. A pesar de que cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), no han dejado de recibir acoso. Apenas hace tres días a Mariana Díaz le llegaron mensajes amenazantes.
Pero no fue la primera vez, aun estando lejos. El 21 de junio de 2013, hombres armados irrumpieron en su comunidad y mataron a dos personas. Desde ahí, siete de los hombres se enfilaron al Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) impulsados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que opera en la región desde enero de 2013. Se sienten más seguros porque las amenazas no cesan.
La gente pide un proyecto productivo del cual ya hicieron el plan, se trata de una bloquera, pues el río les da grava y arena. Pero lo más importante es la construcción de un sistema de agua potable para que ya no sufran por la escasez del líquido, el cual cuesta un millón 40 mil pesos, mucho menos de lo que el gobierno les prometió.
