Dos meses antes de la tragedia, Raúl Villasana Cantú, minero de 32 años de edad, empezó a sentir miedo. “Está muy caliente abajo, ya no soporto el dolor de cabeza y me duelen mucho las piernas”, contaba a su familia.
“Fueron muy valientes todos en estar ahí”, resume Trinidad Cantú, madre de Raúl.
“Si yo hubiera sabido qué espantosas eran las condiciones, como lo supe después, le habría dicho que buscara otro trabajo”. El hubiera. “Una injusticia de Industrial Minera México no rescatar los cuerpos”, añadeTrinidad.
Raúl tenía siete años trabajando en esa mina. Se había casado a la edad de 18 años y tenía tres hijos, dos niñas y un varón.
Las familias de los mineros tocaron —tocan— puertas para exigir un castigo, pero esencialmente para que rescaten los restos.
En abril de 2008 pidieron la intervención al Sistema de Procedimientos Especiales de la Organización de las Naciones Unidas. En marzo de 2009, La Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó que el gobierno mexicano “no hizo todo lo que razonablemente podía esperarse que hiciera para evitar o reducir al mínimo los efectos devastadores del accidente”, luego que en 2006 se había solicitado que intercediera.
“Después del accidente buscas a alguien que te ponga atención, alguien que remedie, pero las instancias gubernamentales no son más que para darte con las puertas en la nariz. La Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, actuó de una forma espantosa, prepotente, no supo tratar a la gente. Nunca hizo por entablar un diálogo, nunca quiso. Estuvo más del lado de la empresa. Tú llegas a pedir el favor, cuando no debería ser así”, dice Trinidad.
En febrero de 2011, la administración de Felipe Calderón, en palabras de su secretario del Trabajo, Javier Lozano, negó cualquier posibilidad de rescate de los mineros.
En diciembre de 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 64/2008 a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigara el caso Pasta de Conchos.
El entonces titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, rechazó la recomendación en algo que se calificó como “inaudito” por parte de la CNDH. Actualmente, Medina Mora es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hace seis años las familias de los mineros interpusieron una petición de juicio contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2013, el entonces subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, anunció que se buscaría la forma de reabrir el caso Pasta de Conchos. Cuatro meses después, se sumó Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, quien anunció un nuevo peritaje, sin embargo, la empresa interpuso múltiples recursos legales para impedirlo.
Hace apenas un año, la Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo federal que solicitara a Grupo México que recuperara los restos de los 63 mineros que permanecen bajo la mina
Pasta de Conchos. Nada se ha hecho. Desde 2006, más de 130 mineros han fallecido en siniestros en distintas zonas del país.