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Familias desplazadas por la violencia en la cabecera municipal de Zitlala esperan, desde hace cuatro días, que les den fecha para regresar a su comunidad, la cual tuvieron que abandonar hace un mes por la pugna de grupos de la delincuencia organizada.
Ramón Navarrete, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), explicó que el sábado pasado una comisión acudió al municipio de Zitlala donde 23 familias se refugian luego de que fueron expulsadas por hombres armados de la comunidad indígena de Quetzacoatlán, de donde son originarios.
El ómbudsman estatal aseguró que los desplazados cuentan con medidas cautelares: “Tienen comida y la presidencia les da cobijas y alojamiento, sólo esperamos que haya la infraestructura para que la policía estatal se vaya de manera permanente a la comunidad”.
Sin embargo, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, pidió, tanto a la Coddehum como al gobierno estatal, brindar las condiciones para que las familias regresen sin peligro.
Mencionó que son alrededor de 130 personas las que tuvieron que huir a inicios de enero de Quetzacoatlán, pues el pueblo era escenario de disputas entre grupos, lo que ha dejado seis muertos “que deben investigarse. La Fiscalía debe investigar las muertes. No es decir: tienen medidas cautelares y debe haber un acompañamiento”.
Agregó que los niños no van a la escuela, la gente adulta se dedica a trenzar palma y ahorita no están vendiéndolas, no tienen actividad, “están a la espera”.
A petición del Centro Morelos, una comisión de la Coddehum acudió el sábado 13 a revisar las condiciones de los desplazados, pero no les dio una fecha para que pudieran regresar, dijo Olivares.
El activista consideró que no se trata de “llevar” más policías a las comunidades, sino que se investigue y resuelva el problema de la pugna de células delictivas, que es lo que finalmente obliga a las familias a abandonar sus casas.
