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Familiares de los internos que murieron hace una semana durante los hechos violentos registrados en el penal del Topo Chico reclamarán al gobierno estatal hasta un millón de pesos por fallecido como reparación de daño, afirmó el abogado Aurelio Galindo Briones.
El litigante —quien ha ejercido 25 años como penalista— informó que hasta el momento representa a tres familias quienes entablarán una demanda contra el gobierno del estado porque éste tenía a su cargo la responsabilidad de preservar la vida y seguridad de los reos en la penitenciaría.
Comentó que autoridades estatales sólo cubrieron los gastos funerarios de las 49 víctimas mortales en el penal cuando también tendrían que indemnizar a las familias con la reparación de daño, que equivale a unos 750 mil pesos, cifra que se eleva al millón de pesos incluyendo la reparación del daño moral o sicológico.
Afirmó que los recursos para cubrir la indemnización podrían salir del Fondo para la Atención, Auxilio y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito, que se creó como resultado de la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso local en octubre de 2013.
En 2015, dicho fondo contó con una partida de 25 millones de pesos, aprobada también por los legisladores, para víctimas de la violencia.
El pasado 11 de febrero, 49 presos fallecieron en el reclusorio de Topo Chico, —según la versión oficial— durante una riña entre dos grupos rivales de Los Zetas, cuyos líderes, Jorge Iván Hernández Cantú, El Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, El Z-27, quienes se disputaban el control del penal.
Aunque allegados a los internos aseguran que se trató de un ataque directo orquestado por un grupo de reos que seleccionó a sus víctimas y las concentró en las crujías C-2 y C-3, donde los masacraron con todo tipo de objetos contundentes y punzocortantes que fueron ingresados al penal de manera irregular.
Tras la gresca fueron trasladados 233 internos del Cereso de Topo Chico a otros centros federales.
Violan amparo federal. Galindo Briones dijo que el gobierno estatal y las autoridades penitenciarias violaron el amparo federal contra el traslado de los internos Ángel Manuel Hernández Andrade y Nefi Eliud Trujillo Briones, quienes fueron llevados a los reclusorios federales de máxima seguridad de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Hermosillo, Sonora, respectivamente.
Añadió que sus representados no han sido sentenciados y no están catalogados como reos peligrosos para que se justifique su ingreso a un penal federal de máxima seguridad, por lo que las autoridades deberán reintegrarlos al reclusorio de Topo Chico de conformidad con el juicio de amparo 76/2016, concedido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal.
Explicó que el juez dio un plazo de 24 horas para que las autoridades penitenciarias rindan un informe sobre la suspensión y, en caso de no hacerlo, se les impondrá una medida de apremio equivalente a una multa de 50 a mil días de salario mínimo y en tres días tendrán que ir del juzgado de distrito a donde se encuentran detenidos para que los reos ratifiquen si se encuentran de acuerdo con la demanda, y si es así, deberán regresarlos al penal de Monterrey.
Por otro lado, y después de que el gobierno estatal difundiera un video y boletín en el que destacó que se había retomado el control del penal con la intervención de Fuerza Civil, ayer algunos familiares de reos denunciaron que sus parientes les comentaron que fueron golpeados por otros internos, quienes los amenazaron con que la noche de este miércoles habría otra matanza.
El gobierno estatal descartó brotes de violencia dada la presencia de elementos de Fuerza Civil que mantienen el orden en el reclusorio. Aseguró que los internos están contentos con las nuevas condiciones que prevalecen al haberse eliminado el “autogobierno” de la delincuencia.
En tanto, efectivos de la Fuerza Civil realizaron un operativo de revisión en el penal de Apodaca con el propósito de buscar armas o drogas, o detectar cualquier situación irregular, para evitar situaciones que puedan desatar la violencia.