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Dos jueces federales ampararon a los líderes Zetas involucrados en la matanza de 49 personas en la cárcel de Topo Chico, confirmaron, en entrevistas con EL UNIVERSAL, el procurador de la entidad y un magistrado. Esto generó una confrontación por obtener el control de esa cárcel.

El procurador general de Justicia de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, precisó que un magistrado federal del tribunal unitario en Tamaulipas mandató —hace dos meses y medio— que el prisionero Juan Pedro Saldívar Farías, El Z-27, fuera trasladado del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Matamoros al centro penitenciario local de Monterrey, pues estableció que el individuo no era peligroso.

Mientras que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJNL), Carlos Emilio Arenas Bátiz, afirmó que fue un juez federal quien impidió el traslado de Juan Iván Hernández, El Credo, a un penal de máxima seguridad.

El procurador detalló que el Z-27, integrante del cártel de Los Zetas, y uno de los responsables de la masacre en Topo Chico, se encontraban recluidos en un Cefereso de Matamoros, “entonces establecía que este individuo no era peligroso, por lo cual no tendría que estar en un Cefereso”.

“El Z-27 fue trasladado por el mandato de un magistrado de un Tribunal Unitario de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Precisando la situación, así fue como el señor llegó a este penal”, dijo.

Sin embargo, Flores Treviño sostuvo que no plantean alguna acción legal por parte de la Procuraduría contra el juez, pues son dictámenes cotidianos en el sistema penitenciario.

“Son cosas muy normales, suceden todos los días. Dentro del sistema penitenciario, del sistema judicial, es pan de diario. No lo veo así y no me atrevería a calificarlo de esa manera [como una irregularidad], es una situación cotidiana”, aclaró.

Arenas Bátiz coincidió que se trata de órdenes federales en amparo, en donde la autoridad responsable no es el Poder Judicial local, sino autoridades de la administración penitenciaria.

Comentó que a veces se generalizan o son injustas las críticas, porque la sociedad pone en un mismo cajón a todos los jueces, ya sean federales o locales o a la misma Procuraduría; negó que existan irregularidades, pero dijo que es necesario contar con pruebas.

Arenas Bátiz admitió que en el penal de Topo Chico hay internos con más de tres años privados de su libertad y todavía sin sentencia, explicó que esto sucede porque actualmente la mayoría de los internos están relacionados con procesos del sistema tradicional.

Se esperan más acciones penales contra involucrados. Hasta el momento se ha ejercido acción penal en contra de tres funcionarios por su vinculación con los hechos, entre ellos, la ex directora del penal de Topo Chico, Gregoria Salazar.

El procurador estatal aseguró que “está por ejercerse acción penal en contra de otras tantas más”.

Desde el momento que sucedieron los hechos en el penal de Topo Chico, la madrugada del jueves 11 de febrero, la Procuraduría estatal desplegó a 560 de sus elementos. En las investigaciones, según el titular de la dependencia, lo que se ha visto es un ataque tremendo, concertado directamente y con resultados funestos de 49 personas fallecidas, entre éstas, cinco calcinados.

“Lo que nos toca es llevar a cabo el proceso de investigación hasta el final, tárdese el tiempo que se tarde, la instrucción es muy precisa por el gobernador de que tenemos que hacer todo con certeza absoluta”, aseveró.

Cuando concluya la investigación, sostiene Flores Treviño, se presentará ante el juez quien determinará cuál es “la verdad legal”.

El domingo pasado, la Procuraduría concluyó la identificación de los nueve cadáveres que seguían en calidad de desconocidos debido a que cinco fueron calcinados y cuatro más estaban muy golpeados de la cara y manos.

El lunes pasado se entregó el último cuerpo a los familiares de las víctimas, por lo que se cierra sólo una etapa de la investigación; mientras, 70 trabajadores más de la Procuraduría siguen con las indagatorias para perfilar qué pasó al interior de las áreas C2 y C3 del penal de Topo Chico.

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