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“Lamentablemente los hechos nos vinieron a dar la razón”, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL Juan Méndez, relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), sobre lo que ocurrió el jueves en el penal de Topo Chico, Nuevo León, donde murieron 49 personas y 12 resultaron heridas.
Hace dos años, el funcionario visitó la prisión donde corroboró lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió desde 2011: que el autogobierno era uno de los principales problemas en el penal.
Entonces, la dirección del presidio coincidió con él, admitieron que la situación del penal era caótica y confesaron estar faltos en recursos humanos y materiales. Sin embargo, el gobierno federal hizo caso omiso.
El 29 de diciembre de 2014 entregó el informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de su visita a México de ese año. Concluyó que la tortura es generalizada en el país. Indicó que el escrito se hizo público en marzo de 2015 y desató el descontento del gobierno federal.
El 2 de abril del año pasado, EL UNIVERSAL publicó una entrevista del relator especial en la que ratificó que la tortura es una epidemia en el país, lo cual provocó presiones de diplomáticos mexicanos para que corrigiera su informe. El diferendo se apaciguó semanas después.
Además de la tortura, el documento detalla que algunas cárceles mexicanas presentan hacinamiento, autogobierno y condiciones deplorables.
Para el experto en derechos humanos, esta crisis se debe aprovechar para detectar las necesidades que permitan resolver el tema de los penales a mediano y a largo plazo.
“Los motines no se dan en abstracto. Se dan cuando hay descontrol, y el descontrol está acompañado de fuertes niveles de corrupción. Por eso insisto en que esto se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias”, dijo.
Méndez no está de acuerdo con los que señalan que el sistema penitenciario mexicano es una bomba de tiempo: “Debo decir que no todos los penales están en la misma condición”.
Informó que hasta el momento, la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales, con sede en Ginebra, no ha contestado aún a la misiva que envió Méndez urgiendo al gobierno mexicano a efectuar una investigación imparcial y exhaustiva.
“Yo no esperaría una respuesta inmediata. El gobierno tiene una responsabilidad importante de hacer una investigación transparente y profunda”, recalcó el relator.
Por su parte, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para que la CNDH abra una investigación por las violaciones a los derechos humanos en el penal de Topo Chico.
A través del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, el blanquiazul pidió que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y autoridades federales, comparezcan ante este órgano.
