Familias desplazadas por la violencia esperan desde hace cuatro días en la cabecera municipal de Zitlala, que les den una fecha para regresar a su comunidad, la que abandonaron desde hace más de un mes por la pugna de grupos de la delincuencia organizada.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, explicó que el sábado pasado una comisión acudió al municipio donde 23 familias de la comunidad indígena de Quetzacoatlán, se refugian luego de que fueron expulsadas por hombres armados. “A pesar de su condición de desplazados cuentan con condiciones para vivir”.
Navarrete aseguró que los desplazados de Zitlala, un municipio cercano a Chilapa donde desde el año pasado aumentaron los homicidios por la pelea entre grupos dedicados al narcotráfico, cuentan con medidas cautelares “tienen comida y la presidencia municipal les da cobijas y alojamiento, sólo esperamos que haya la infraestructura para que un grupo de Policía Estatal se vaya de manera permanente a la comunidad”.
Sin embargo, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, organización que ha dado seguimiento a familias desplazadas por violencia en diferentes puntos del estado, pidió tanto a la Coddehum como al gobierno estatal brindar las condiciones para que las familias regresen sin peligro a sus hogares.
Mencionó que son 34 familias, alrededor de 130 personas que tuvieron que huir a inicios de enero de Quetzacoatlán, comunidad nahua donde ya no vive nadie, pues era escenario de disputas entre grupos, lo que ha dejado seis muertos “que deben investigarse. La Fiscalía debe investigar las muertes, dar seguimiento a la situación que prevalece. No es decir: tienen medidas cautelares y ya debe haber un acompañamiento como lo indica la ley”.
Desde que las familias llegaron al albergue ubicado en Zitlala, “los niños no van a la escuela, la gente adulta se dedica a trenzar palma, tiritas que venden a tres pesos cada una, lo que no alcanza para mantener a una familia y ahorita no están vendiéndolas (...) no tienen actividad, están a la espera”.
A petición del Centro Morelos, una comisión de la Coddehum acudió el sábado 13 a revisar las condiciones de los desplazados, pero no les dio una fecha para que pudieran regresar a su comunidad, donde dejaron sus animales, casas y terrenos de simbra, dijo Olivares.
“Queremos que se aceleren las cosas. Las medidas consisten en dos cosas: que se agilicen las investigaciones ministeriales de los seis homicidios para que puedan regresarse las familias y permanecer en su comunidad, y que haya acompañamiento policial, que es el mecanismo a seguir con otros desplazamientos”.
Como estudioso del tema, Olivares opinó que las autoridades no dan seguimiento puntual a las familias que tienen que abandonar sus casas por cuestiones de inseguridad; como ejemplo, las familias de la comunidad de La Laguna, Coyuca de Catalán “desde 2011 son 16 familias que viven en La Unión, Ayutla, pero están en precarias condiciones, no tienen ni derecho al agua”.
Olivares consideró que no se trata de más policías en las comunidades sino que se investigue y resuelva el problema de la pugna de grupos, que es lo que finalmente obliga a las familias a abandonar sus casas.
msl