El Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad una propuesta del PAN, a fin de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorice recursos suficientes, para reactivar la construcción de la cárcel de Mina y así terminar con el problema de sobrepoblación que prevalece en los reclusorios del estado.
Desde octubre de 2008, mucho antes de la crisis de inseguridad que vive la entidad y que se agudizó de 2010 a 2013, el entonces gobernador de Nuevo León, José Natividad González, planteaba la urgencia de un nuevo centro de máxima seguridad, y fue en 14 de julio de 2011, con Rodrigo Medina de la Cruz, al frente del Ejecutivo estatal, cuando se dio el banderazo para la construcción del reclusorio, proyectado para dos mil 300 internos.
Sin embargo, 25 de junio de 2015, al cumplirse cuatro años del inicio de las obras, el entonces tesorero estatal, Rodolfo Gómez, anunció que el proyecto quedaba formalmente cancelado, al descartar el gobierno federal hacerse cargo de su construcción, debido a los ajustes presupuestales por la caída en los precios del petróleo.
Los trabajos se habían suspendido dos años antes, por falta de recursos económicos, habiéndose invertido solamente 400 de los 3 mil millones de pesos previstos inicialmente. Gómez Acosta declaró que para junio de 2015 el costo de la obra andaría en los 5 mil 200 millones de pesos.
Solamente se avanzó en el desmonte y nivelación del terreno, además de la construcción de la barda perimetral, no obstante el ex tesorero expuso que no podría anticipar cuál será el destino final del proyecto, pues la Federación estará evaluando periódicamente “y quizá se retome en algún momento”, declaró entonces.
El penal suspendido y del que hoy se pidió la reactivación, se edificaría en un terreno de 359 hectáreas a la altura del kilómetro 45 de la carretera Monterrey-Monclova.
En el mismo sentido, el coordinador de la bancada del PRI, Marco Antonio González Valdez, presentó un punto de acuerdo para que el gobernador Jaime Rodríguez impulse una estrategia de rescate de los penales del estado y gestione los recursos que se requieren para la conclusión de la cárcel de Mina, para evitar que se repitan los hechos de Topo Chico.