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Con el encabezado “Frena gobierno independiente corrupción en el penal del Topo Chico”, la administración de Jaime Rodríguez Calderón difundió un boletín y un video donde asegura que “el cobro de piso, el tráfico de drogas y los privilegios”, se acabaron en el reclusorio, donde la semana pasada se registraron hechos de violencia que causaron la muerte de 49 reos y otros 12 resultaron con lesiones de consideración.
El gobierno estatal señaló que “tras la intervención del estado, la Fuerza Civil asumió el control total del centro penitenciario y puso fin al autogobierno que ejercían líderes del crimen organizado en complicidad con algunas autoridades.
“Celdas de lujo equipadas con salas, minisplits, pantallas, frigobares, televisión digital y hasta acuarios y baños sauna fueron desmanteladas por la corporación estatal”, se refiere en el texto dado a conocer.
Se informó además que fueron retirados 280 puestos semifijos de alimentos, abarrotes y hasta un bar que eran operados por la red criminal directamente o a través del cobro de piso, ofertando productos con sobreprecios de hasta 120%.
Toneladas de objetos prohibidos, entre ellos muebles, aparatos electrodomésticos y colchones, fueron apilados en las canchas del centro penitenciario. El mobiliario fue retirado el sábado por maquinaria pesada y camiones.
“Conocimos todas las irregularidades que existían, arbitrariedades, abusos, cobros de piso”, señaló el general Cuauhtémoc Antúnez, secretario de Seguridad, durante una visita al reclusorio en la que “los reos le agradecieron la intervención del gobierno independiente”, señaló.
“Ellos [los internos] nos piden que ya cese eso, estamos dando esa garantía; ahorita ya tenemos el control con Fuerza Civil para evitar que esos vicios se vuelvan a suscitar. “Todos los privilegios se acabaron”.
Tras el cateo realizado el pasado jueves, Fuerza Civil destruyó también cientos de altares de la Santa Muerte, que incluían figuras de tamaño real, cuadros y vestuarios similares a los de matlachines.
“La depuración del penal de Topo Chico quedó manifiesta con la visita de 3 mil 19 familiares de internos, incluidos niños y adultos mayores, quienes pudieron ingresar ágilmente”, aseguró el gobierno estatal.
Desde el mismo jueves, cuando ocurrió el motín que dejó un saldo de 49 personas muertas, más de 8 mil familiares han podido entrar al reclusorio para constatar el estado de sus seres queridos, se informó.
“Escenas entrañables de encuentros con abrazos prolongados y muchas lágrimas fueron el común denominador en el área de ingreso al penal, donde los reos celebraron la llegada de sus familiares y agradecieron la intervención del gobierno”.
“Los internos y sus familias compartieron alimentos de calidad y porciones suficientes, como parte del nuevo trato digno que recibirán los reclusos”, asienta el boletín.
A partir del lunes, se asentó, el gobierno estatal instalará mesas de asistencia jurídica en el penal para revisar cada uno de los casos de los internos, muchos de los cuales se encuentran pendientes de sentencia.
“Habrá aquí un equipo de abogados para que empiecen a analizar los expedientes de los internos que han manifestado que están de manera injustificada aquí”, expresó Antúnez.
“Para que ellos determinen si es correcto o no, les vamos a dar la certeza de que los estamos escuchando”.
El texto incluye también entrevistas a las internas, con el título:“Estábamos aterrorizadas”.
“En el patio del área de mujeres del penal de Topo Chico, Viridiana Acuña busca aliviar la angustia de su madre que la visita. Interna desde hace cuatro años y todavía en espera de sentencia, la joven vestida con el uniforme naranja que ahora portan todas las internas, narra con una sonrisa la nueva situación que impera en el reclusorio”, se relata en texto difundido.
“Estábamos aterrorizadas, pero ahora todo es diferente”, cuenta la mujer mientras pinta con esmaltes de colores las uñas de sus dos pequeñas hijas.
En el área de varones el sentir no es diferente —se lee en el boletín— “la mayoría de los internos todavía celebra el traslado de 233 reos, incluidos Jorge Iván Hernández Cantú, alias El Credo y Juan Pedro Saldívar Farías, alias El Z-27, ambos responsables del enfrentamiento que provocó la tragedia”.
“Ya no queremos más Credos, no queremos más cobros de piso”, pidieron los presos al secretario de Seguridad al agradecer la intervención del Estado”, concluye el texto publicado en la página del gobierno de Nuevo León.
En el video, una de las mujeres señala: “Ahora estamos en la gloria”, otra de las internas dice que “se acabaron los privilegios para las princesitas”, y sonriente una de las mujeres enseña la comida que les distribuyeron, muestra que les dieron “pescado, hace mucho que no comíamos eso”.