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La organización Greenpeace lamentó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) insista en culpar a ciudadanos y activistas de Cancún, de impedir la reubicación de la fauna sobreviviente al desmonte de manglares ordenado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el 16 de enero pasado.
Asegura que fue el Fonatur el que “incumplió con esta obligación durante más de una década”.
Greenpeace indicó que el Fonatur inició trabajos en el polígono, afectando el ecosistema de manglar y dañando a la fauna silvestre, “sin un plan integral de reubicación de especies”, como le fue ordenado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El pronunciamiento responde al comunicado emitido por la Profepa, en el que culpa a la ciudadanía de presuntamente haber impedido a técnicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) —que acudieron al Malecón Tajamar— evaluar el estado de los animales, ubicarlos y rescatarlos.
Greenpeace reitera que en realidad la gente hizo valer las suspensiones provisionales que impiden modificar el estado que guarda el polígono, como lo dictaron jueces federales.
Señala que personal de la Profepa y los especialistas del IPN presentaron papeles sin sellos oficiales e incompletos, para realizar el rescate de fauna. Con esos papeles aseguraron que contaban con la anuencia de los jueces Cuarto y Quinto de Distrito para reubicar a los animales.
Ante ello, el abogado, Carlos Gamboa —quien lleva esos casos—, advirtió que concretar la reubicación de fauna implicaría violar la instrucción de los jueces. “El juez negó haber aprobado el retiro de fauna”, según la versión del litigante, quien pidió la documentación completa y sellada a los técnicos del IPN y a la Profepa.
Además, los técnicos del IPN y voluntarios llevados por la Profepa respondieron que no poseían un programa de rescate y reubicación de especies.
