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El autogobierno del crimen organizado en el penal de Topo Chico, al amparo de la corrupción, permitió a líderes de reos gozar de privilegios, en contraste con la mayoría de la población penitenciaria que vive hacinada en las celdas, donde se encuentran hasta 10 personas en un pequeño espacio en el que cabe apenas una litera.
Jesús Iván Hernández Cantú, El Credo, —líder de una de las facciones que desde 2012 mantenía el control del penal— se encontraba, el día de la matanza, en su celda con una mujer y consentido por lujos como una cama king size y una pantalla de 50 pulgadas, entre otras comodidades.
En el momento que se desató el ataque, presuntamente por un grupo de internos comandado por Juan Pedro Saldívar, El Z-27, no lograron llegar a la celda de El Credo por el número de presos que lo custodiaban.
El procurador de Justicia de Nuevo León, Roberto Flores, reveló lo anterior en entrevista radiofónica y admitió que esa situación sólo podía darse en complicidad con las autoridades del penal de Topo Chico.
Precisamente esa serie de facilidades que le permitían no sólo lujos, sino también imponer el terror y extorsionar con el cobro de cuotas a otros internos, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos y familiares de presos, hizo posible que El Credo promoviera un amparo ante un juez federal cuando se enteró de su posible traslado a un reclusorio de máxima seguridad.
Su dominio se vio en riesgo a partir de noviembre de 2015, cuando ingresó Juan Pedro Saldívar —otro capo del narcotráfico, también presunto integrante de Los Zetas— que había conseguido su traslado al reclusorio local desde el penal de máxima seguridad de Matamoros, gracias al amparo de otro juez federal, que resolvió que no era un reo de alta peligrosidad.
Fue así como ocurrió la masacre la noche del miércoles y madrugada del jueves, con un saldo de 49 muertos y 12 heridos, por la disputa del poder en Topo Chico, donde según el fiscal, basado en videos de la cárcel, “se ve claramente cómo ese sujeto [El Z-27] se organiza, inicia el ataque, y se va sobre ciertos objetivos, no es a granel, no es un grupo contra otro, es contra ciertos objetivos en particular”, dijo en esa entrevista.
Se contradice fiscal. Sin embargo, ayer el Rafael Flores Treviño aseguró que la violencia en el penal fue un motín y no una ejecución masiva de un grupo hacia otro, como dijeron internos a sus familiares.
En conferencia de prensa para hablar sobre la detención tres funcionarios del penal, respondió: “Sería muy aventurado el calificarlo de esa manera; lo que los videos nos muestran es un motín en el cual hay una serie de personas fallecidas, 49, y resulta que el calificarlo como usted pretende, yo no me voy a aventurar a eso”, dijo ante la pregunta expresa de un reportero.
“Entonces, ¿cuántos muertos hay de cada bando?”, insistió el comunicador, aunque el fiscal ignoró el cuestionamiento y en su lugar, en tres ocasiones, dijo: “¿Otra pregunta?”.
Precisó que los servidores públicos detenidos son la directora del reclusorio, Gregoria Salazar Robles, y el subcomisario de Administración Penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, a quienes se les giró orden de aprehensión por homicidio calificado y abuso de autoridad.
El 18 de febrero horas se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, donde el juez que lleva el caso resolverá su situación jurídica, dijo.
Mientras el custodio, José Reyes Hernández, acusado de homicidio calificado, tiene la audiencia de vinculación a proceso el 17 de febrero.
A los tres ex funcionarios del penal se les dictó prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con el artículo 19 constitucional. Indicó que la directora es responsable de que cuatro personas que no estaban en el registro de internos, estuvieran en la cárcel.
