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Técnicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), junto con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), acudieron a Malecón Tajamar para reubicar a la fauna silvestre que sobrevivió a la devastación de manglares del 16 de enero pasado.
Ciudadanos que resguardan los accesos al polígono de 78.4 hectáreas se acercaron a documentar las maniobras de autoridades y técnicos, para explicarles que están impedidos legalmente para concretar el rescate de animales, pues hay cinco suspensiones provisionales que ordenan mantener las cosas en el estado en que se encuentran.
El personal de Semarnat, de Profepa y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se negó a identificarse, mientras que los técnicos del IPN exhibieron un acuerdo de los juzgados cuarto y quinto de distrito que presuntamente no impide entrar al predio a rescatar fauna.
Alan Zavala, profesor investigador del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Integral Regional, unidad Guasave, Sinaloa, entabló diálogo con los ciudadanos para explicarles el motivo de su presencia en la zona.
Los técnicos del IPN mostraron algunos documentos sobre los incidentes de suspensión provisional, que no impiden que ingresen a reubicar a la fauna.
Los especialistas llegaron en dos camionetas, con una barca e instrumentos para realizar el rescate.
Uno de los abogados que obtuvo de dos juzgados de distrito las cinco suspensiones provisionales que impiden obras de remoción de vegetación y rescate de animales, acusó a Profepa y Fonatur de violar las medidas cautelares, “al intentar reubicar a la fauna silvestre con documentación incompleta y sin sellos oficiales”.
Carlos Gamboa se presentó ante el llamado de alerta lanzado por ciudadanos que atestiguaron el ingreso de técnicos del IPN. El día anterior, dijo, se entrevistó con el juez quinto de distrito, quien negó —según el litigante— haber emitido algún permiso o acuerdo que permitiera la reubicación de fauna.
Los técnicos del IPN recorrieron el lugar y se dijeron desconcertados por la situación, pues sólo recibieron instrucciones de acudir y localizar a la fauna, evaluar sus condiciones y reubicar a los animales que quedan en el área.
Indicaron que el gobierno federal abrió una convocatoria dirigida a especialistas en fauna silvestre, específicamente en manejo de reptiles y que el IPN celebró un contrato con el gobierno —se negaron a precisar con qué dependencia— para efectuar la reubicación.
Profepa y Fonatur llevaron consigo a un notario, para dar fe de la intervención de los ciudadanos.
