Uno de los abogados que obtuvo de dos juzgados de Distrito, cinco suspensiones provisionales que impiden obras de remoción de vegetación y rescate de animales en Malecón Tajamar, acusó a Profepa y Fonatur de violentar las medidas cautelares, al intentar hoy reubicar a la fauna silvestre con documentación incompleta y sin sellos oficiales.
El litigante Carlos Gamboa se presentó la tarde de hoy al polígono, ante el llamado de alerta lanzado por ciudadanos que atestiguaron el ingreso de técnicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que a bordo de dos camionetas y una grúa intentaron ubicar a especies de fauna silvestre con la finalidad de reubicarlos en otro sitio.
Los técnicos iban acompañados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Fondo Nacional de Fomento al turismo (Fonatur) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pasadas las 14.30 horas de este viernes.
La gente les tomó fotos, video y les pidieron identificarse y mostrar la autorización legal para pasar por alto las suspensiones provisionales que ordenan que las cosas en el Malecón Tajamar, deben mantenerse en el estado en que se encuentran.
Los técnicos y elementos de Profepa y Semarnat se negaron a responder, pero ante la presión de la gente exhibieron parcialmente hojas de papel firmadas por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito, Noe Dávila Temblador, del 10 de febrero pasado, respecto a la suspensión otorgada respecto al amparo 51/2016.
También mostraron un documento similar, sin sellos, firmado por el Juez Cuarto de Distrito, Miguel Nahim Nicolás Jiménez. En ambos casos, ninguno de los escritos mostrados parcialmente señalaban que se podía ingresar al sitio para realizar rescate de animales, ni una orden expresa para estos fines o una aclaración de los dos jueces, indicando que los efectos de las suspensiones, no versaban sobre la fauna.
El único documento que presentaron entero, fue el escrito que el Fonatur giró al Juez Quinto, Ciro Carrera Santiago, respecto al juicio de amparo 113/ 2016, en el que le solicitan el rescate de los animales, toda vez que como "no existe en el sitio ningún tipo de vegetacion", al haberse desmontado totalmente y ser ya un hecho consumado.
Con esos documentos Fonatur y Profepa intentaron fundamentar ante las y los activistas y ciudadanos, que tenían el presunto permiso de ambos jueces.
Sin embargo, al sitio se presentó el abogado Carlos Gamboa, quien minutos antes se entrevistó personalmente con el Juez Quinto de Distrito, quien negó -dijo el litigante- haber emitido algún permiso o acuerdo que permitiese la reubicación de fauna o que la ordenase, respecto al amparo que él promovió y que es distinto al 51/2016.
"Yo personalmente me acabo de entrevistar con el señor juez para preguntarle si otorgó algún permiso para entrar aquí y sacar a los animales y me dijo que no. Por tanto, si ellos ingresan y alteran las cosas aquí, están violando la instrucción de un juez.
"Esta en resguardo, por así decirlo, la escena del crimen y no se puede alterar. Que no los engañen que traen permisos, porque no es así. Y si el Juzgado Cuarto ya otorgó algo, que me lo muestren, porque de todos modos esta vigente la suspensión del amparo que yo promoví ante el juez Quinto", explicó.
El abogado y los ciudadanos fueron videograbados por personal de la Profepa. Los técnicos del IPN recorrieron el lugar y se dijeron desconcertados por la situación, pues sólo recibieron instrucciones de acudir al lugar para localizar a la fauna, evaluar sus condiciones y reubicar a las especies.
Indicaron que el gobierno federal abrió una convocatoria dirigida a especialistas en fauna silvestre, específicamente en manejo de reptiles. Que aplicaron como voluntarios y que el IPN celebró un contrato con el gobierno -se negaron a precisar con que dependencia- para efectuar la reubicación de animales.
Consideraron que los ciudadanos les estaban impidiendo cumplir con su trabajo, ya que ellos eran ajenos al tema legal.
No obstante,diferentes ciudadanos les aclararon que no pueden ser ajenos al tema jurídico, al intentar modificar la situación del lugar, retirando a los animales, lo cual los expone a enfrentar cargos por violentar la instrucción de jueces federales.
Profepa y Fonatur llevaron consigo a un notario, para dar fe de la intervención de los ciudadanos y de los trabajos hechos por los especialistas del IPN.
También arribó el actuario del Juzgado Quinto, Carlos Burgos Pacheco. Los ciudadanos le pidieron integrar en su informe que realizaron seis llamadas al número de emergencia 066 pidiendo la intervención de elementos de Seguridad Pública de Cancún, ante la eventual violación de suspensiones provisionales en Malecón Tajamar.
Nunca vinieron. Cuando los cancunenses pedimos el apoyo de la autoridad ante la comisión de un posible delito, la policía nos ignora y no llega. Pero cuando Fonatur pidió a la fuerza pública proteger a la maquinaria para cometer su ecocidio, aquí estuvieron los granaderos y las patrullas", dijo una de las jóvenes que monta guardias desde el 16 de enero pasado.