estados@eluniversal.com.mx
Monterrey.— Cuerpos irreconocibles fueron trasladados al forense del Hospital Universitario de Nuevo León. Horas antes, a pocos kilómetros, en el interior del centro penitenciario de Topo Chico se libraba una batalla campal que dejó 49 reos muertos, algunos calcinados, con disparos, masacrados.
En las faldas del cerro del Topo Chico, el penal que lleva el mismo nombre se convirtió en un campo de batalla entre dos cárteles rivales, gresca que sorprendió a las autoridades pero que, según versiones de familiares de los presos, era previsible porque, aseguran, la penitenciaría es un hervidero que estaba por explotar.
No sólo las horas previas, sino los días y semanas anteriores al motín en el penal —con sobrepoblación— han sido tensos por el llamado “cobro de piso” y el control de cárteles como Los Zetas y del Golfo, aseguran algunos de los familiares de los presos.
Con angustia, narran las versiones incompletas que les dan las autoridades —mientras esperan afuera de un centro penitenciario sitiado por militares, marinos y federales— y ruegan porque sus parientes no estén en las listas de fallecidos.
La incertidumbre aumenta debido a que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, no informó de inmediato sobre la gresca en el penal, ni siquiera en redes sociales, como acostumbra; tardó más de 10 horas en dar a conocer la situación.
Incluso, para algunos se trató de más de 18 horas, lapso en que los familiares fueron carcomidos por la angustia; tanto tiempo y las autoridades no informan qué pasa.
Claudia no aguanta más, la desesperación y la impotencia le provocan un desmayo justo frente al edificio del Poder Judicial, aledaño al penal de Topo Chico. Tres miembros de la Cruz Roja y dos de sus familiares la auxilian, le dan esperanza, pero ella presiente que su esposo ha fallecido en el enfrentamiento.
“Mi esposo, quiero verlo, ¿por qué no me dejan verlo?”, grita desesperada la mujer de unos 40 años, quien no puede llorar más de lo que ha llorado en las últimas horas.
Pero no es el único caso. La Cruz Roja atendió varios desmayos de esposas, madres e hijas de presos que esperaban afuera del centro carcelario, ubicado a unos pasos de la estación Penitenciaría del Metro elevado.
Después de las 18:00 horas de ayer, los familiares de los presos comenzaron a entrar a cuentagotas al penal. Las autoridades alargan el horario de visita para que se pueda constatar que los reos están vivos.
Sin embargo, persistía la zozobra entre los familiares, en su gran mayoría mujeres con hijos, porque a 37 presos —considerados de alta peligrosidad— los trasladaron al penal de Apodaca para evitar otro conflicto.
Afuera del anfiteatro del Centro Universitario, el escenario era otro. La desolación en los rostros por los 49 fallecidos estaba iluminada por las luces de las patrullas de la Policía Federal que vigilaba los accesos al inmueble, ubicado apenas a 10 minutos del penal de Topo Chico.
Priscila, hermana de Ismael Salazar, uno de los presos fallecidos, relata que él purgó cuatro de los cinco años de prisión al que fue sentenciado. Desesperada, asegura que el cuerpo quedó irreconocible, muestra de la masacre que se vivió en el enfrentamiento en las crujías C-2 y C-3. Los médicos no se atrevieron a darle un reconocimiento al 100%.
Las autoridades le pidieron que regresara hoy a las 10 de la mañana para que el cuerpo sea sometido a pruebas de ADN. “Mi hermano quedó con el rostro desfigurado, no nos dejaron reconocerlo al 100%”, declaró afuera de las instalaciones del Semefo.
Versiones de otros familiares que pidieron el anonimato indican que algunos de los cuerpos tenían impactos de bala, muchos otros calcinados por el fuego que prendieron en el área de alimentos del penal.
Miguel Ángel Gaytán tenía cuatro años en el centro penitenciario, sin sentencia. Fue detenido cuando tenía 19 años, acusado de portar un arma prohibida. En el proceso le atribuyeron la muerte de una persona y robo.
Sin embargo, aseguró su joven viuda, entrevistada a la salida del forense cuando acudió a identificar el cadáver, los cargos contra Miguel se fueron diluyendo, pues una de las supuestas víctimas del robo de un automóvil declaró que él no cometió el ilícito.
Varios de los caídos estaban a punto de quedar en libertad, pero su salida fue a bordo de unidades del Servicio Médico Forense.