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Las autoridades estatales son las responsables de la riña en Topo Chico porque siempre han negado los recursos que se requieren para las prisiones y sin recursos ni personal suficiente, los directores penitenciarios se recargan en los presos para el control de la prisión, comentó la doctora Elena Azaola, experta en temas carcelarios y de derechos humanos.
Aseguró que desde el régimen pasado, organismos de derechos humanos notificaron una y otra vez que “Los Zetas gobernaban esa prisión y tenían sometidos al resto de los internos a un régimen de una crueldad y una brutalidad enorme”.
“Tenían conocimiento —las autoridades— de esta situación y no actuaron para separar a estos grupos y retomar el control del penal y estas son las consecuencias”, lamentó Azaola.
Señaló que el saldo del motín en Topo Chico es una noticia muy triste, pero que desafortunadamente desde hace tiempo se esperaba.
“Yo no tengo duda que la gente que los enfrentó lo hizo sabiendo que muy probablemente no iban a sobrevivir, pero lo hizo porque no podían continuar viviendo en la situación en que los tenían sometidos”, dijo Azaola y reiteró: “Murieron porque ya no podían tolerar más; los dejaban sin comida, sin agua y eran víctimas de un maltrato sistemático”.
La investigadora, egresada del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, aseguró que conoce de cerca la problemática de las cárceles de Nuevo León porque es miembro de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (Cadhac), que dirige la hermana Consuelo.
Pidió a las autoridades estatales sanear las cárceles y acatar las recomendaciones de las organizaciones de derechos humanos, tanto las públicas como las de la sociedad civil.
Critican falta de atención. También para la hermana Consuelo Morales, quien recibió del presidente Enrique Peña Nieto el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, la responsabilidad directa en la tragedia de Topo Chico es para el estado al ser éste el encargado de garantizar la seguridad y atender a los internos.
“Debe asumir que por omisión, falta de atención, de recursos, por lo que quieran, no cumplieron y favorecieron la muerte de estas personas”, dijo.
La directora del Cadhac criticó la falta de atención de las autoridades con los familiares de los reos, quienes ayer tuvieron que esperar afuera del penal durante más de 10 horas para conocer la situación y aún así, todavía hay muchos que desconocen lo que ocurre.
“Que hablen con la verdad”, pidió Consuelo Morales, una de las luchadoras por los derechos humanos que mejor conoce la situación de los penales en Nuevo León. De Topo Chico, dijo se caracteriza por la petición de cuotas para los reos tan altas que no las pagan, lo que origina que los maltraten.
Denunció que en ese reclusorio a todos tratan igual, sin considerar que cada interno tiene circunstancias distintas, como en el caso de los inimputables, quienes cometieron alguna falta por tener un problema mental, pero al no tener conciencia de lo que hicieron, no pueden sentenciarlos como reos comunes.
Dijo que unas 200 personas se encuentran en esa situación en Topo Chico, entre ellas una mujer a quien le dieron una pena de tres años por un delito menor y ya lleva más de 10.
Además, la activista comentó que 40% de los internos aún se encuentra en su proceso penal, es decir no ha sido declarado su culpabilidad, pero los tratan como si lo fueran.
Pidió que se haga una investigación seria para conocer los hechos que derivaron en la muerte de 49 reos, aunados a los 12 heridos que, aseguró, podrían ser mucho más.
