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El Juzgado Séptimo de Distrito concedió una suspensión provisional para frenar toda obra o actividad en el predio en donde el Grupo RIU pretende construir el hotel “Riviera Cancún”, en la tercera etapa de la zona turística de este polo vacacional.
Para hacer efectiva la suspensión provisional, el Juzgado Séptimo fijó una garantía de un millón de pesos, la cual será recurrida ante tribunales.
La medida cautelar fue solicitada como parte de un juicio de amparo promovido en contra de la autorización de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expidió el 18 de diciembre pasado a favor de la cadena española, para desarrollar su proyecto en una zona declarada como altamente vulnerable a los impactos del Cambio Climático.
El abogado Francisco Villarreal dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que la suspensión provisional se concedió con “amplísimos efectos”. La garantía pedida por el Juez Séptimo será combatida legalmente, pero en todo caso podría ser exhibida.
Una consulta hecha por este diario a la copia del incidente de suspensión 1768/ 2015-III, permite conocer que la suspensión se emitió para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran.
“Es decir, las autoridades responsables y el tercero interesado se abstengan de ejecutar la autorización de cambio de uso de suelo concedido en la resolución del 18 de diciembre de 2015 (…) y suspendan la realización de cualquier acto tendiente a modificar el estado actual en el que se encuentra el predio (…) esto es que se impida la remoción del área de cualquier tipo de flora, fauna o material orgánico”, se lee en el documento.
La autorización de impacto ambiental que la Semarnat expidió a favor del RIU ampara el desmonte de 15 mil 683.64 metros cuadrados de selva y matorral costero en un predio de casi 21 mil metros cuadrados, para la construcción de un hotel de 530 cuartos en un edificio de 16 niveles, ubicado entre dos áreas naturales protegidas: Manglares de Nichupté y el Parque Marino Nacional Costa Occidental Isla Mujeres, Punta Cancún, Punta Nizuc.
De acuerdo con la opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) –que fue desestimada por la Semarnat- en el predio existe manglar, pese a que la cadena RIU lo negó en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que ingresó a evaluación de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), en octubre del 2015.
“El promovente manifiesta que en el predio no se encontró presencia de manglar, sin embargo, dicha aseveración es falsa (…) por lo cual el promovente debe garantizar que dichas obras no afectarán en ningún sentido la integridad del flujo hídrico y la cobertura de manglar (…)”, le expuso la Conanp a la dependencia encabezada por el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano.
Incluso, la Comisión opinó que el proyecto “no es viable”, lo mismo que expusieron organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que advirtió durante el proceso de consulta pública, que el marco legal estaba vinculándose “incorrectamente” con el proyecto.
También citó los resultados de un estudio que la Secretaría de Turismo (Sectur) encargó al Conacyt para conocer el grado de vulnerabilidad de destinos turísticos de México ante el Calentamiento Global.
La investigación determinó que Cancún y específicamente Punta Nizuc, es un área susceptible a inundaciones por marea de tormenta.
“El predio en el cual se propone la construcción del hotel Riviera Cancún tiene la posibilidad de una amplitud de la marea de tormenta de 3.5 a 5 metros, ubicado en la categoría de ‘muy alta’, estimado para un huracán tipo 4, un nivel debajo de lo que fue el huracán Wilma en 2005”, se indica.
“La autorización para la construcción de un proyecto en este sitio representa una responsabilidad ambiental y administrativa, al permitir la construcción en un sitio de alto riesgo para los turistas en un área considerada de alta vulnerabilidad por inundación causada por marea de tormenta”, advirtió la agrupación.
El Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) también presentó observaciones adversas para el proyecto, por ejemplo, los impactos de la salmuera, que es el desecho de las plantas desalinizadoras hacia el acuífero subterráneo.
Ocurre que el proyecto incluye la instalación de una planta desalinizadora, así como pozos de inyección de esos líquidos salinos.
Hasta el momento no se tiene conocimiento de que RIU haya tramitado la autorización de impacto ambiental para la construcción y operación de esa planta desalinizadora, ni el aval que debe obtener de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que por cierto omitió responder a la Semarnat sobre la solicitud de su opinión técnica sobre el proyecto.
