José Manuel Hernández López, ex asesor jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, buscado por la Interpol en 189 países por la venta de niños del DIF Sonora, rompió el silencio e incriminó hoy al ex gobernador Guillermo Padrés y a su esposa, Iveth Dagnino, de haber realizado alrededor de 300 adopciones con “mochada”.
En entrevista con un medio local, Hernádez aseguró que la ex Presidenta del DIF ordenó adopciones irregulares entre recomendados, funcionarios, primos, amigos a quienes también les pedían sus mochadas.
Acusó al matrimonio Padrés-Dagnino de no cumplir con los requisitos legales en los trámites de la adopción de su hijo.
“Él (Guillermo Padrés) siempre estuvo enterado al igual que su esposa. Las adopciones eran ordenadas por su esposa, adopciones en las que yo no tuve nada que ver pero sí era información que yo conocí casi desde un principio. Cuando yo adopté, poco antes de adoptar a mi hija, a María Manola, la señora, ya había dado unos niños en adopción de manera irregular”.
“En lo que yo tengo conocimiento Vladimir Arzate hizo alrededor de 60 adopciones. Entre 60 y 70 adopciones durante el sexenio. Pero todo el equipo de trabajo de ellos, o sea, todo lo que es la estructura del DIF, debe haber sido alrededor de unas 300 adopciones de manera irregular, entre recomendados, funcionarios, primos, amigos y que también obviamente les pedían sus mochadas”, afirmó en la entrevista.
José Manuel Hernández López fue señalado –en agosto pasado- por el ex Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Navaro Sugich, por participar en una asociación criminal con Vladimir Afredo Arzate Carbajal, Coordinador de la Línea Protege del DIF Sonora, donde vendían niños a parejas mexicanas y estadounidenses.
Mediante oficio dirigido a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora y recibido el día 11 de septiembre del 2015, la Procuraduría General de la Republica, PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, ejerció su facultad de atracción en la probable comisión de delitos de Sustracción y Tráfico de Menores por parte de ex funcionarios del DIF Sonora.
Ello, luego de una inspección al expediente integrado con motivo de la averiguación previa 01/2015, integrada en contra de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, José Hernández López y otros, a quienes se acusa de los delitos mencionados anteriormente.
De acuerdo con el oficio girado por la PGR, el expediente en cuestión “contiene elementos coincidentes con el tipo penal previsto y sancionado en el artículo 27 de la ley en materia de Trata de Personas y que probablemente constituyan también el Delito de Delincuencia Organizada”.
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