El diputado del Partido Socialdemócrata (PSD), Julio Yáñez Moreno, pidió al gobernador Graco Ramírez se retracte de los señalamientos que realizó en contra de la familia Yáñez, al vincularlos con el empresario artístico Federico Figueroa y la delincuencia organizada.

"Cada quién es responsable de lo que opina pero jurídicamente se le ha pedido que presente pruebas”, exigió Julio Yáñez al considerar irresponsables y aventuradas las declaraciones del mandatario estatal.

Dijo que los ataques del gobernador hacia el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, surgido del PSD, y sus colaboradores, son el resultado de la negativa a estar en la Policía de Mando Único, tema que está superado con el decreto expedido por el Poder Ejecutivo para asumir el control de la seguridad pública en la capital del estado.

Sin embargo, el legislador reiteró que independientemente de la intervención del Mando Único es el edil Cuauhtémoc Blanco quien debe designar al secretario de seguridad porque es su facultad.

En conferencia de prensa solicitó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Francisco Moreno Merino, convocar a una mesa de diálogo de manera urgente con los tres Poderes del Estado, y los líderes parlamentarios para establecer acciones que en materia de seguridad sean necesarias para Cuernavaca y el estado.

Julio y su hermano Roberto Yáñez (Secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca) controlan al PSD y también coordinan el Ayuntamiento capitalino, denunciaron regidores del PRD en la comuna.

El Mando Único también fue rechazado públicamente por el edil de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, al declarar que los policías de esa corporación son señalados por los habitantes como los responsables de secuestros, cobro de derecho de uso de piso y cuotas. Sin embargo, la seguridad pública ya es controlada por el Mando Único.

Esta es la segunda vez que Tlaquiltenango es forzado a entrar al Mando Único pues en enero de 2015 el gobierno emitió el mismo decreto en ese municipio del sur del estado, “como una caso de fuerza mayor ante alteraciones graves al orden público”, expuso el gobierno estatal.

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