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“Tajamar no es ecocidio ni devastación ambiental”, afirmó el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro.
Al presentar los resultados preliminares de trabajos de gabinete y campo realizados al proyecto, Haro Bélchez aseguró que no hay indicios de daños en el manglar en el proyecto, por lo que no se fincarán responsabilidades al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por el lugar.
Comentó que si bien la empresa cumplió con las autorizaciones ambientales para las primeras etapas del proyecto, para la tercera, que corresponde a la construcción inmobiliaria, los empresarios “deberán obtener nuevas autorizaciones”.
Guillermo Haro dijo que las autorizaciones del impacto ambiental y de cambio de uso de suelo son válidas y continúan vigentes; además, los términos y condiciones de la manifestación de impacto ambiental realizada en 2005 han sido cumplidos hasta hoy.
“El desmonte identificado se llevó a cabo por Fonatur al amparo de autorizaciones de 2005 y ampliaciones de 2009 y 2011, que a la fecha son vigentes”, resaltó el procurador y agregó que los trabajos también fueron avalados por el municipio “en función de las autorizaciones ambientales otorgadas por la Semarnat, (…) y dando cumplimiento parcial al programa de rescate y reubicación de flora y fauna”.
El desmonte del 16 de enero se ejecutó al amparo de autorizaciones vigentes otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para desarrollarse en un predio que no está considerado sitio Ramsar porque hay presencia de humedales, ni se encuentra dentro del Área Natural Protegida (ANP) Sistema Lagunar Nichupté.
Precisó que tras un recorrido el 26 de enero pasado, luego de las denuncias de diversas organizaciones ambientalistas, pudo corroborar, personalmente, que no hay especies muertas en la zona, aunque señaló que sólo falta rescatar a cinco cocodrilos.
Refuta acusaciones. Haro Bélchez aseguró que hasta el momento la evidencia recabada sobre un presunto daño es indicativa de responsabilidad ambiental a la empresa BI & DI Real Estate de México, por realizar acciones de desmonte de vegetación forestal en 10 lotes sin contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ni con estudio técnico justificativo ni con proyectos ejecutivos validados por la Semarnat.
Por esta razón, continuará con los procedimientos para determinar la responsabilidad ambiental y administrativa de la empresa y mantendrá su coadyuvancia con la Procuraduría General de la República (PGR) para la determinación de la responsabilidad penal que corresponda.
Debido a que el Fonatur incumplió con su tarea de rescatar y reubicar a los animales del predio Malecón Tajamar, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) le dio un plazo de 10 días para rescatar a una cría de cocodrilo que sigue en el lugar.
“Se emplazará y ordenará a la Fonatur para que concluya con el programa de rescate de la fauna silvestre”, dijo Guillermo Haro.
Después de los 10 días hábiles, la Profepa podría sancionar a Fonatur con 50 mil salarios mínimos.