El Estado Mexicano dará un disculpa pública en San Cristóbal de las Casas y suscribirá un acuerdo con familiares de un menor de edad muerto y dos niños más que resultaron heridos por la explosión de una granada, que fue abandonada por militares de la 31 Zona Militar en la comunidad Rancho Nuevo, en las cercanías de aquella ciudad de los Altos de Chiapas.
El acto de desagravio está previsto para el próximo jueves ante representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional que intervino para establecer una solución amistosa.
El padre de las víctimas, José López Cruz, relató que el suceso fue el 17 de septiembre de 2000 en el poblado El Aguaje, colindante con los terrenos de la instalación militar.
Aquel día, sus hijos José Leonardo y Ricardo López Hernández, de 17 y 11 años de edad, respectivamente, además de su sobrino Ángel Díaz Cruz, de 7 años, salieron de casa en búsqueda de hongos comestibles en los terrenos de la 31 Zona Militar. Pero “como eran niños no sabían y entraron al campo de tiro”.
Los menores encontraron una granada y decidieron llevarla a casa. Cuando la transportaban “se la dieron a uno de mis hijos que no la pudo agarrar, cayó y explotó”.
José agregó que sus dos hijos quedaron heridos de gravedad, pero su sobrino murió ese día en un hospital de Tuxtla Gutiérrez, a causa de la gravedad de las heridas, “pues la granada le destrozó el estómago”.
El impacto, dijo, lesionó a su hijo José Leonardo en el pie “que no le quedó bien porque le dañó un tendón y no tiene movilidad en la parte del tobillo”; a Ricardo “se le salió la carne de la pierna”. Ambos fueron internados durante tres meses.
En su vivienda asentada en El Aguaje, José contó que, si bien, el campo de tiro militar estaba cercado, la alambrada permitió que los niños cruzaran y encontraran el artefacto explosivo.
Cristina Reyna Cruz López, madre del niño fallecido, expresó que el percance fue “muy duro” por su condición de madre soltera, y porque Ángel fue el primero de tres hijos y el niño empezaba el tercer grado de educación primaria. Lo peor es que “el gobierno no ha hecho justicia por este crimen”, acusó.
Uno de sus tíos aseguró que persiste la “injusticia porque el gobierno nunca actuó” y aunque los militares argumentan que ingresaron a prisión al responsable del abandono de la granada en el campo de tiro, “nosotros nunca lo vimos”.
Señaló que como parte del resarcimiento se suscribirá un acuerdo el próximo jueves, habrá una disculpa pública, se prevé la reparación de daños y la reapertura de la casa de salud con el nombre de Ángel Díaz Cruz, así como una explicación sobre las condiciones y la forma en las cuales murió el infante.
Los familiares de las víctimas puntualizaron que la Fiscalía de Justicia Indígena abrió las indagatorias, que luego turnó a la Procuraduría General de la República, que a su vez la envió al fuero miliar, “pero el Ejército nunca nos informó cómo quedó el expediente, y aunque dijeron que “encarcelaron” a un militar, “nosotros no lo vimos”.
spb
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