El Juzgado Segundo de Distrito, radicado en Cancún, difirió esta mañana la audiencia incidental en donde resolvería si concedería o no la suspensión provisional para impedir que se retomen los trabajos en "Malecón Tajamar", por tanto el impedimento para realizar cualquier obra o actividad dentro del polígono de 78.4 hectáreas persiste.
"La suspensión provisional que nos otorgó el juez segundo la semana pasada, para que no entren nuevamente las máquinas, ni se haga nada, sigue. La audiencia se pospuso", indicó Aracely Domínguez, integrante del movimiento ciudadano "Salvemos Manglar Tajamar".
Están pendientes por resolverse de fondo los amparos promovidos por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el 31 de julio de 2015, por las irregularidades con que la Semarnat autorizó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la autorización para desarrollar en una superficie de casi 59 hectáreas, de las cuales 65 por ciento eran manglares.
Un tribunal colegiado debe resolver también si es procedente la determinación del juez que otorgó la suspensión definitiva contra dicha autorización, sujeta a que los 113 infantes que promovieron el amparo, presentarán una garantía de 21 millones de pesos.
Además, el Juzgado Tercero de Distrito debe resolver si concede la suspensión provisional sobre el amparo que promovió otra ciudadana contra el Fonatur y el alcalde de Cancún, Paul Carrillo, por la presunta violación al libre tránsito, al haber solicitado y ordenado el despliegue de antimotines para cerrar el paso de la gente al área pública del Malecón tajamar.
En paralelo, a las 8.30 horas de este martes, una semana y días después de que maquinaria entrara a "Malecón Tajamar" a devastar manglares y sepultar animales vivos, inspectores de oficinas centrales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entraron al polígono.
Los ciudadanos que pernoctan en las entradas del sitio dieron la voz de alerta sobre la presencia de las y los inspectores, quienes realizaron una vista ocular para elaborar un levantamiento.
Al respecto, activistas condenaron la tardanza de la Procuraduría para presentarse en el lugar, pese a la decena de solicitudes de auxilio y denuncias que presentaron desde el sábado de enero, cuando se cometió el ecocidio.
spb