La asociación 'Jalisco es Uno por los Niños', emanada de 'Mexicanos por la Vida de Todos', pidió a los legisladores del estado no hacer caso de una eventual resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declare como inconstitucional el artículo 260 del Código Civil de Jalisco, reformado en enero de 2015 y que establece que para contraer matrimonio "el hombre y la mujer" deben ser mayores de 18 años.
Daniel Gallegos Mayorga, consejero fundador de 'Mexicanos por la Vida de Todos', consideró que los diputados no están obligados a acatar el fallo del máximo tribunal del país, pues “no podemos caer en el juego de una ideología completamente ajena a los valores de México, que están imponiendo y manipulando grotescamente los poderes legislativos y judicial, y también el ejecutivo”.
Incluso fue más allá y denunció “un plan” orquestado para afectar a la sociedad mexicana que comenzó a fraguar con la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada en 2011: “todo esto ha sido una estrategia muy bien planeada y el punto eje es la reforma constitucional aprobada en marzo de 2011 que ha dado lugar a todo esto; nosotros advertimos con dos millones de correos al Senado para pedir que no aprobaran esta reforma constitucional, si ustedes ven bien todas las acciones que se han venido teniendo, es una estrategia planeada para llegar a un fin que no es el bienestar de la sociedad mexicana”.
Así, anunció que han recabado 24 mil 388 firmas que entregarán a la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia para pedir que desestime la acción de inconstitucionalidad 28/2015 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de revisar el artículo 260 del Código Civil de Jalisco.
La SCJN programó la discusión de este asunto para su sesión del martes 26 de enero y Gallegos Mayorga sostiene que los ministros pretenden “promover” la poligamia, el incesto o la pedofilia generando un nuevo supuesto jurídico bajo el argumento del respeto a las preferencias sexuales.
Aunque estas organizaciones se identifican con una ideología conservadora y católica, Gallegos Mayorga aseguró que su postura sólo se sustenta en la “ley natural” y en la reglamentación que habla de la “familia natural” y la institución del matrimonio como “lo único” que garantiza “la perpetuación de la especie y la estabilidad de la sociedad”.
Así, exigió a los 11 ministros de la Suprema Corte que desestimen las acciones de inconstitucionalidad presentadas al Código civil de Jalisco y que atraiga la jurisprudencia que se ha generado en este sentido para revisarla.
Por su parte, el abogado Luis Antonio Martínez Guzmán señaló que esto “no se trata de gays y lesbianas”, sino del derecho de los niños, pues con el argumento del libre desarrollo de la personalidad –contenido en la jurisprudencia 274 que se discutió cuando se abordó el uso lúdico de la mariguana– se intenta permitir que “cualquier persona” pueda adoptar un niño.
“Como se deja a secas 'dos personas' (en las modificaciones a los códigos civiles) entran también los travestis, los transgénero y los transexuales (…) y el libre desarrollo de la personalidad entra cuando no afectas a terceros, pero el matrimonio, jurídicamente, trata un tema de terceros, de los niños, siempre de los niños”, dijo.
Según él, la Suprema Corte está incurriendo en una “irresponsabilidad jurídica” ya que en ningún país se ha experimentado social y jurídicamente los resultados de algo similar: “no tenemos pruebas de cómo funciona, y así, sin pruebas, la Suprema Corte lo está imponiendo como un derecho”.
En su opinión –“y sin importar lo que la Conapred pueda decir”–el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, y la familia es la que tiene como finalidad la procreación y el perfeccionamiento de los cónyuges.
“La corte de Estrasburgo dijo que si no lo acepta un país (el matrimonio entre personas del mismo sexo) no es discriminatorio, es un asunto interno de derecho según lo que la gente, democráticamente, quiera hacer de su país; no es un derecho humano”, afirmó.
Acusó que si la Corte resuelve en el sentido solicitado por la CNDH, muchos “actores del lobby gay” intentarán engañar a los diputados y a la sociedad diciendo que los legisladores están obligados a cambiar el código civil, “pero no es así, pueden ignorar la sentencia y en 90 días la Suprema Corte sesionaría para emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad y necesitarían ocho votos, y seguramente en esos 90 días estaremos informando de acciones”.
Martínez Guzmán aseguró que 'Jalisco es Uno por los Niños' tiene 100 mil seguidores directos y una red de un millón de personas que los apoyan.
msl
