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Autoridades federales y locales aceptaron suspender los rellenos de manglar en el “Malecón Tajamar” hasta que la fauna silvestre que sobrevivió a la destrucción de humedales, y que debieron reubicar previo al desmonte del ecosistema, sea rescatada.
La presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), Aracely Domínguez, informó que ayer fue contactada por autoridades locales para sostener una reunión con integrantes del Movimiento “Salvemos Manglar Tajamar”.
Como resultado del encuentro, el gobierno local y federal se comprometió a suspender las obras de relleno de manglar, en tanto no se reubique a los cocodrilos, ardillas, cangrejos, iguanas y demás animales silvestres que lograron sobrevivir al ecocidio iniciado la madrugada del sábado pasado, cuando maquinaria pesada sepultó a centenas de especies al talar el manglar.
También se acordó que el ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, no enviará a patrullas de la policía a “hostigar psicológicamente” a las y los ciudadanos que se mantienen haciendo guardia en los accesos del polígono para evitar que entren camiones a retomar el relleno de mangle, indicó la activista, quien subrayó que pese a los acuerdos dichas guardias ciudadanas continuarán.
“No confiamos en ellos, así que las guardias seguirán. Aceptamos sólo porque de lo contrario los animales que lograron sobrevivir morirán. No tienen qué comer, ni de dónde alimentarse porque las máquinas acabaron con su hábitat, con todo. Y si se quedan y reinician el relleno, los van a sepultar también. Es urgente rescatarlos.
“En ese sentido, se comprometieron a no meter un solo camión más y a conformar un equipo de especialistas, de biólogos, para reubicar a la fauna. Nosotros podremos llevar a nuestros propios especialistas para que participen y estar en el lugar, porque no les creemos nada”, argumentó la ambientalista.
Tuvieron 10 años para rescatar animales
Antes de iniciar el rescate de flora y fauna, a que estaban obligados el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) -como titular de la autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)- y los inversionistas -como propietarios de los terrenos- se debe ubicar a los animales, preparar su traslado, determinar cómo se llevará a cabo y cómo, además del sitio a donde serán llevados.
“O sea, se va a hacer lo que tuvieron que haber hecho desde un principio. Tuvieron 10 años para elaborar el plan de rescate de flora y fauna y la Semarnat tuvo 10 años para exigirles presentarlo antes de que entraran a destruir el ecosistema, pero prefirieron sepultar vivos a los animales.
“Fonatur actuó con el mismo dolo que Bi&Di, con la misma insensibilidad y violación a las condicionantes de la autorización de impacto ambiental. Lo que hizo Bi&Di lo hizo Fonatur y entonces tiene que haber una responsabilidad ahí”, reprochó Domínguez Rodríguez.
Bi&Di es una empresa italiana que en noviembre de 2005 compró al Fonatur predios frente a Playa Delfines (Mirador de Cancún), para construir un megaproyecto condominal, con torres de 20 pisos.
El problema fue que Fonatur ofertó y vendió esos predios con un uso de suelo no aplicable de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún, por lo que desarrollar el tipo de proyecto que aspiraban los italianos, era imposible.
Después de intentar obtener la licencia de construcción con al menos dos presidentes municipales, sin lograrlo, los italianos optaron por demandar a Fonatur por fraude. Ganaron. Un juez condenó al Fondo a pagarles una millonaria suma.
De acuerdo con lo declarado por el director general y el delegado de la institución en Quintana Roo, Héctor Gómez Barraza y Juan Carlos Hernández, se pagó con dinero y con lotes permutados a favor de la empresa, en “Malecón Tajamar”, un polígono de 78.4 hectáreas, de las cuales 64 son manglares y de las cuales se aprovecharán 58.
La compañía entregó el proyecto ejecutivo de lo que pensaba construir en el polígono, a Fonatur y éste a la Semarnat, para conseguir el aval correspondiente, como se establece en las condicionantes de la autorización de impacto ambiental expedida en julio de 2005.
Sin embargo, antes de obtener el visto bueno de la Secretaría, en julio del 2015 la empresa inició con la deforestación de manglares en sus terrenos, además de no haber hecho ningún rescate de vegetación ni de fauna, lo que en conjunto constituye una violación a la autorización de impacto.
Aquello fue el detonante para que se gestase un amplio movimiento social en defensa del manglar de Tajamar y en contra del desarrollo del polígono entero, que involucra a 23 empresas y particulares. Se presentaron demandas y amparos y la limpia de terrenos, como las obras, se frenaron, hasta el sábado pasado que un centenar de camiones entró a devastar más de 20 hectáreas de manglares.
“Tampoco cumplieron con el rescate de vegetación ni de fauna. No sacaron ni una hoja, aunque nos quieran convencer de lo contrario. Y no lo hicieron porque nos habríamos dado cuenta. Tuvimos guardia permanente desde julio hasta ahora y no rescataron nada, así que vamos a poner más demandas y continuaremos con la defensa legal, independientemente de que trabajemos juntos en rescatar a los animales”, resaltó.
La ambientalista reiteró que pese a los llamados hechos a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ésta ha sido omisa y ninguno de sus inspectores se ha presentado a cumplir su función, que de origen era verificar que hubiera un plan de rescate y que se ejecutara correctamente para salvaguardar la vida de los animales.
