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La próxima semana, el periodista Pedro Canché Herrera será sometido al Protocolo de Estambul ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con objeto de comprobar si fue torturado o recibió otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes, luego de que estuvo preso durante más de nueve meses acusado por el gobierno de Quintana Roo de sabotaje, por tomar fotografías de una protesta.
Canché Herrera, de origen maya, fue detenido arbitrariamente el 30 de agosto de 2014, acusado de sabotaje, que en el estado de Quintana Roo es un delito grave (artículo 204 del Código Penal), por lo que no tenía posibilidad de salir de prisión bajo fianza ni pedir un amparo.
La imputación fue porque presuntamente organizó el bloqueo contra las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del municipio de Felipe Carrillo Puerto del 11 al 19 de agosto de ese año.
Durante más de dos décadas, Pedro Canché, periodista independiente, ha dado voz a los reclamos de los mayas en temas como los brotes de dengue y la falta de hospitales bien equipados.
El último tema del que se ocupó y por el que fue encarcelado, tenía como base que, a los indígenas mayas se les había impuesto el uso del medidor de agua y con ello les habían incrementado hasta 500 veces más el costo de sus recibos.
El periodista recuerda que se involucró en la noticia tras la desaparición de los líderes de la Comisión de Colonias Populares. Grabó video y tomó fotografías que compartió con medios nacionales.
A los pocos días, Pedro Canché fue amenazado y el 22 de agosto la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo pidió la orden de aprehensión en su contra. Fue detenido siete días después, golpeado y amenazado por otros presos. Para el 5 de septiembre, se le dictó auto de formal prisión.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) conoció el caso porque el mismo periodista les solicitó apoyo.
El 5 de mayo de 2015, cuando Canché Herrera todavía seguía preso, la CNDH emitió una recomendación en la que señalaban las violaciones a las que era sometido y pedían a las autoridades municipales de Felipe Carrillo Puerto, al presidente del Consejo de la Judicatura en Quintana Roo, así como al gobierno del estado, frenar el hostigamiento y las amenazas contra el periodista y ponerlo en libertad.
También el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU lanzó una sentencia respecto a la situación del periodista mexicano. Pidió, desde marzo pasado, que las autoridades implicadas en el encierro del activista lo liberaran y ofrecieran una reparación integral del caso.
Pedro Canché recuperó su libertad el 30 de mayo pasado, gracias a que su defensa pudo demostrar estas irregularidades ante un tribunal colegiado.
Pero las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU y de la CNDH no han sido acatadas por las autoridades. De acuerdo con esta última, aunque se han mantenido diálogos con las autoridades de Quintana Roo, solamente el municipio de Felipe Carrillo admitió la recomendación que incluye la reparación integral del daño y ofrecer una disculpa pública al periodista.
Canché fue informado que apenas el 5 de noviembre, el gobierno de Roberto Borge admitió la recomendación, pero aún no cuentan con los elementos que comprueben su cumplimiento.
Para el periodista ésta será la única forma en que se garantice la libertad de expresión para los periodistas. “Que sea un buen precedente para que ningún gobierno se atreva a meterse con un defensor de derechos humanos, con alguien de nuestra etnia, con cualquier persona, con cualquier mexicano, para restringirle su libertad de expresión”, dijo Canché.
