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El asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, a manos de sicarios de Los Rojos, evidenció el terror en el que viven presidentes municipales de la zona limítrofe entre Morelos, Guerrero y el Estado de México, sector al que los moradores llaman “tierra de nadie”, pues ninguna autoridad se quiere hacer cargo de la seguridad.
Células del crimen organizado, de Los Rojos y Guerreros Unidos han aprovechado la falta de vigilancia y han sumido en el terror a los habitantes al cobrar derecho de piso a cualquier comercio, desde un pequeño puesto callejero hasta negocios como farmacias, ferreterías, locales de material para construcción, e incluso a los munícipes, que con recursos del erario pagan la extorsión.
En algunos casos, los grupos criminales han asesinado a familiares de los alcaldes o los han secuestrado cuando se niegan a pagar cuota.
El comisionado de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella, reveló que al menos 12 munícipes han recibido amenazas de presuntos integrantes de Los Rojos y Guerreros Unidos, pero no dio a conocer nombres ni ayuntamientos para no ponerlos en riesgo.
Dijo que como parte de las amenazas, quieren imponer a mandos policiacos y exigen hasta 10% de los recursos destinados a obras públicas.
Además, señaló que a raíz del crimen de Mota Ocampo, tienen detectados cuatro teléfonos de distintas entidades desde los que han intentado extorsionar a los ediles.
“Han aprovechado la oportunidad y se hacen pasar por integrantes de Los Zetas, Los Rojos y Guerreros Unidos, pero afortunadamente los alcaldes han informado a tiempo de esas llamadas telefónicas”, comentó.
Incluso, dijo que uno de los celulares fue ubicado en un penal de Hidalgo.
Ganancias. El cobro de piso o extorsión les deja ganancias millonarias a ambas células y mete en aprietos a quienes lo pagan, pues además los obligan a tomar partido y definir si son rojos o guerreros, lo que ha provocado que comercios pequeños cierren sus puertas y que algunos huyan de su tierra.
Los que son extorsionados revelan que los negocios pequeños tipo carnicerías y tiendas de abarrotes pagan 5 mil pesos al mes; los más grandes como farmacias, ferreterías, veterinarias y constructoras, entre 8 mil y 10 mil pesos, y la cuota para los alcaldes llega a 100 mil pesos por mes.
La zona del terror empieza desde la caseta Alpuyeca, sigue por la carretera federal hacia las Grutas de Cacahuamilpa, y pasa por los poblados donde no hay vigilancia como El Rodeo, Miacatlán, Mazatepec, Coatetelco, Tetecala, Coatlán del Río, Chavarría y Michapa, donde los alcaldes se encargan de la seguridad con unos 20 o 30 policías por poblado, quienes no tienen la preparación ni el armamento para hacer frente al crimen organizado.
“Aquí manda el narco, nosotros somos alcaldes y sí, se supone que tenemos policías, pero no tenemos manera de hacerles frente; además los policías son del mismo pueblo, los conocen a todos, están en el cargo por necesidad, no por vocación. Con el sueldo de 8 mil pesos al mes, ¿crees que van a arriesgar sus vidas o las de su familia?
“Por eso prefieren voltear a otro lado, nadie de los alcaldes les puede exigir ese sacrificio a los policías, no estamos listos para este tipo de problemas, no es lo mismo arrestar a un borracho que agarrarse a balazos con la maña”, explica un alcalde, quien solicita el anonimato ante las amenazas recibidas.
Los alcaldes de este corredor aseguran que han tenido reuniones con autoridades estatales, pero están conscientes de que el problema rebasa al estado, la ayuda no llega, no alcanza o es insuficiente, por lo que tienen que defenderse con lo que tengan; “este problema es más grande, aquí tiene que intervenir la federación, mandar patrullajes de militares, policías federales; es increíble que exijan derecho de piso, que extorsionen a la propia autoridad”, detalló otro funcionario municipal.
A manera de mensaje para todos aquellos que se resisten a pagar la extorsión, los criminales han asesinado a comerciantes respetados de alguna de las comunidades e incluso han intimidado a presidentes municipales. Hace cuatro meses, en Miacatlán asesinaron a tiros a un carnicero de 65 años de edad por no pagar 5 mil pesos.
En julio de 2015, el padre del alcalde de Coatlán del Río, municipio que se encuentra justo en la frontera entre Guerrero y el Estado de México, fue levantado mientras araba un predio; dos días después fue hallado sin vida. Después el alcalde empezó a cooperar para no meterse en problemas.
Hace dos meses, el edil de un municipio de la zona fue secuestrado en dos ocasiones y liberado después de “dialogar” con un grupo delictivo y, pese a que en repetidas ocasiones ha solicitado más policías, hasta el momento no han llegado.
La zona forma parte del corredor donde el gobierno federal puso en marcha desde diciembre de 2014 el operativo Tierra Caliente, que incluye los estados de México, Morelos y Guerrero.
Esporádicamente se instala un retén militar en la entrada de este corredor del miedo, pasando la caseta de Alpuyeca y también en las entradas de Guerrero y el Estado de México, sin embargo, los pobladores aún desconocen si el retén es verdadero o es del narco para, así, capturar a sus enemigos.
Durante las elecciones de junio de 2015, EL UNIVERSAL publicó que seis candidatos a alcaldes del PAN que contendían por Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Amacuzac, Coatlán del Río, Tetecala de la Reforma y Jojutla, ubicados en este corredor, renunciaron a sus aspiraciones ante las amenazas y el temor de ser asesinados.
