Tecozautla.- La historia de Celso, Margarita y Juan, indígenas hñañhus de la Sierra Gorda de Hidalgo, es fácil de entender: se aprovecharon de su ignorancia y confianza, para acusarlos, sin pruebas consistentes, de presunto contrabando por 486 millones de pesos, delito por el que estuvieron en prisión tres años, señala el abogado Demetrio Vega.
Sobre la carretera Tecozautla-Tequisquiapan, en las ruina de lo que fue la Cooperativa San Joaquín, las víctimas rememoran ese periodo.
Margarita, de 56 años, comenta que su desgracia comenzó el día en que la asamblea del pueblo decidió que formaría parte del comité de la maquiladora, con el cargo de tesorera.
Como se resistía, porque es analfabeta, le dijeron que “el cargo era sólo de nombre, para llenar los papeles”.
La cooperativa maquiladora fue ideada durante el gobierno de Guillermo Rossell de la Lama (1981-1987), a través del Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital.
Los primeros años dio empleo a 40 personas, pero el trabajo escaseó y se cerró el lugar.
En 2003 se presentó en la comunidad Óscar Corro, un empresario de Querétaro, quien ofreció poner en marcha el lugar. La única condición era que permaneciera el mismo comité donde Margarita era tesorera; Celso, presidente, y Juan, secretario.
La aprobación de la comunidad llevó nuevamente a la operación de la maquiladora. El queretano estuvo al frente de ésta por un lapso de seis años y el trabajo nunca abundó, como lo había prometido.
En 2009, Óscar Corro dejó de ir a la maquiladora y fue imposible localizarlo. Casi al mismo tiempo, personal de aduanas irrumpió en el lugar y realizó una supervisión.
Después se conocería que a nombre de la cooperativa se ingresó al país tela por 486 millones de pesos que debió regresar maquilada al extranjero, al no encontrarse ningún movimiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició el proceso y los tres integrantes del comité fueron llamados a declarar ante las autoridades del Distrito Judicial de Tula.
Tres años después, elementos de la entonces policía judicial se presentaron en el pueblo. Era el 17 de agosto de 2012, alrededor de las dos de la tarde, cuando detuvieron a Celso en su trabajo de albañilería; a Margarita y a Juan se les aprehendió en su domicilio. Los tres fueron llevados a la ciudad de Pachuca, primero en prisión preventiva y a las 72 horas ingresados al penal.
Inicialmente, las familias de los inculpados pagaron a un abogado, después no pudieron con los gastos y el Consejo Supremo Hñahñu, un organismo civil asentado en Ixmiquilpan, contrató a Demetrio Vega para que retomara la defensa de los indígenas.
“Cuando tomé el caso —señala Demetrio—, el proceso estaba bastante avanzado, lo único que pudimos hacer es que les dieran la sentencia menor por el delito de contrabando presunto, cuya penalidad es de tres a nueve años de prisión”.
“¿Cómo calificaría este caso?”, se le cuestiona. Responde: “Como una verdadera injusticia, los tres cayeron en prisión por ser pobres y confiados, además de encontrarse con un juez insensible. Nosotros logramos comprobar que ellos no habían tenido ningún movimiento de dinero ni de compra de nada o importación de tela. Hubo irregularidades desde el momento en que la Secretaría de Economía de Querétaro otorgó los permisos de importación temporal y exportación, para una cooperativa fuera de su jurisdicción al estar en Hidalgo”, dice.
Añade que se comprobó mediante una prueba de grafoscopía que la firma de Celso fue escaneada en los documentos que avalaron la importación de telas, el problema —explica— se complicó con la muerte del empresario queretano, ya que con su fallecimiento la responsabilidad recayó en los tres indígenas y fue el juez el que determinó su culpabilidad.
Margarita dice que el día que la encerraron sólo pensaba en su hija de 25 años, a quien se le detectó un linfoma en el estomago: “¡Sentí que la tierra se abría, me quería morir y pensaba qué va a ser de mi hija si yo era quien la cuidaba”. La primera semana en la cárcel Margarita no comió, sólo tomaba agua y fue de manera paulatina y con el apoyo de sus compañeras que empezó a salir adelante.
Su hijo, quien es migrante en Estados Unidos, costeó la vida de Margarita en la cárcel, el dinero para el primer abogado y la visita que dos veces por semana le realizaban sus familiares.
Para Celso y Juan la situación fue más difícil; a Celso la falta de dinero lo llevó a estar prácticamente solo en esos años de prisión y aguantar la comida del lugar. Juan dice que cuando ingresó al Cereso tenía un bebé de año y medio, un niño de 11 años y un joven casado, pero fueron los pequeños los que más resintieron su ausencia.
“Al menor dejé de verlo hasta casi los cinco y el mediano empezó a bajar mucho de calificaciones”, narra.
Luego de que les dictaron sentencia vino la peor parte, coinciden los tres indígenas.
Margarita dice que por poco no logra salir viva: un mes antes de abandonar la cárcel enfermó gravemente, al presentar un nivel de 450 de glucosa en la sangre, presión alta y diarrea. Estuvo a punto de morir por lo que intervino la Comisión de Derechos Humanos, para que fuera atendida en el hospital general.
Fueron 14 días de haber estado en el centro médico y mientras las familias de cada uno trataban de sobrevivir, “había días en que en nuestras casas no tenían ni para comer”, las esposas de Juan y Celso tuvieron que emplearse en talleres de costura y en hacer la limpieza de casas y escuelas, además de que de manera ocasional alguien en el pueblo las apoyaba.
El pasado 16 de agosto, los tres dejaron la prisión; el portón gris se cerró a sus espaldas, los hermanos y uno de los hijos de los indígenas fueron los primeros en recibirlos.
En el pueblo cada uno ha intentado rehacer su vida, cuentan que algunos pobladores no los han recibido bien, pero son los menos, la mayoría están contentos de que hayan regresado.
A casi cuatro meses de haber retornado a sus actividades, “nos han cerrado las puertas en algunos empleos”, señala Celso y añade que sólo ha podido encontrar pequeños trabajos en el empedrado, que es la colocación de piedra como pavimento en la calles.
En el caso de Margarita su hijo le compró un molino de nixtamal con el cual se gana la vida; desde las cinco de la mañana se dedica a moler maíz para las tortillas.
A su regreso a la comunidad han tenido que seguir acudiendo a las asambleas, ya que de no hacerlo les cobran una cuota de 150 pesos, además de que las reglas, si no cumplen con la encomienda que les ha sido asignada, es la negativa para cualquier tipo de servicio que requieran.
De lo que están seguros, los tres, es que nunca más aceptarán ningún cargo, antes —dicen— se van del pueblo; la cárcel les cambió una vez la vida, de la cual buscan rescatar los pequeños trozos que les quedaron.
