El Congreso de Colima busca al ex gobernador, Mario Anguiano Moreno, para notificarle que la Comisión de Responsabilidades ha iniciado un proceso de juicio político en su contra, pues fue denunciado por presunto desvío de recursos por las fracciones parlamentarias del PAN y el PRD de la anterior legislatura.
Sin embargo, el ex mandatario no ha sido localizado a pesar de que se le busca en tres distintos domicilios del municipio de Colima; así, si en esta semana no se le puede notificar de forma personal, se procederá a hacerlo a través de edictos.
A finales de noviembre la Comisión de Responsabilidades, presidida por la diputada panista Julia Licet Jiménez Angulo, aprobó el dictamen para dar curso al juicio político contra Anguiano Moreno, por lo que éste tiene que ser informado para que pueda defenderse ya sea acudiendo ante los legisladores a exponer sus argumentos o enviándolos por escrito al Congreso.
En el proceso, la Comisión tiene que garantizar el derecho de audiencia del ex gobernador, analizar sus argumentos de defensa, abrir un periodo para el desahogo de pruebas y esperar el dictamen del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental que ya analiza la cuenta pública 2014 del gobierno estatal; con todos estos elementos la Comisión deberá emitir un nuevo dictamen para someterlo a votación del pleno.
Y aunque el Poder Legislativo sigue con su procedimiento para tratar de sancionar a Anguiano Moreno, los diputados también han solicitado al gobernador interino, Ramón Pérez Díaz, que interponga una denuncia en contra del ex mandatario.
En su última sesión, los legisladores aprobaron por mayoría emitir un exhorto dirigido a Pérez Díaz para que proceda penalmente, pues según la diputada Jiménez Angulo, el propio gobernador interino ha reconocido públicamente que el ex titular del Ejecutivo estatal incurrió en irregularidades financieras y en el presunto desvío de recursos de varias partidas presupuestales.
En opinión de la legisladora, el que Pérez Díaz presente una querella contra Anguiano Moreno es también un buen mensaje para la sociedad de Colima, pues significaría que ninguna autoridad está dispuesta a solapar las presuntas irregularidades cometidas por el ex gobernador.