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En estos corredores, cuartos y planchas metálicas de los anfiteatros de Morelos se exhiben con exceso los sellos de la muerte. Sus cuartos de depósito de cadáveres son insalubres, los pisos mantienen sedimentos de sangre, sus paredes de tablaroca lucen desgaste y las partículas de pintura caen paulatinamente sobre las bases donde se montan los cuerpos para su autopsia.
En estos centros llegan los cuerpos humanos para ser diseccionados e intentar conocer las causas de su muerte. Aquí los mantienen en las cámaras frigoríficas hasta que son reclamados por sus familiares y, pasado el tiempo legal, son enviados a una fosa común.
En los últimos años, los anfiteatros de Cuernavaca y Cuautla acumularon más de 100 cadáveres por la falta de una fosa común para sepultarlos, según las autoridades, pero cuando consiguieron un espacio en un panteón regional de Cuautla inhumaron 118 cuerpos. Uno de ellos correspondió al joven Oliver Wenceslao, privado de su libertad y asesinado en 2013. Sus familiares lo habían identificado y reclamado un año y medio antes, pero el error de las autoridades provocó su inhumación junto a otros cuerpos en calidad de desconocidos o no identificados.
Ese equívoco de las autoridades detonó la investigación independiente de los familiares y puso al descubierto irregularidades en el depósito, custodia e inhumación de los cadáveres.
Ese error también exhibió imágenes que retratan las precarias condiciones de los Servicios Médicos Forenses en las Fiscalías Metropolitana, Surponiente y Oriente, esta última, cerrada hace tres semanas por su exigua capacidad para mantener y procesar los cuerpos sin vida.
Morgues insalubres y abandonadas
En los cuartos donde se registra contaminación con residuos peligrosos biológicos infecciosos, según la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, no cumplen con las condiciones de seguridad como generadores de residuos peligrosos, con lo que contaminan el ambiente a través del suelo, subsuelo y drenajes.
Hay mesas de exploración en mal estado y pizarrones de control de cadáveres en blanco, es decir, no existe un control de los cuerpos que existen en la cámara.
Por sus espacios pululan evidencias contaminadas y sin control estricto, lámparas descompuestas, botes de plástico recolectando los residuos de la plancha metálica por falta de mantenimiento; drenaje inhabilitado para evitar fugas en el interior y tapas de extracción sin servicio que obstruyen la iluminación procedente de las lámparas.
Nuevo Semefo
En agosto pasado el gobierno de Morelos divulgó que con una inversión de 80 millones de pesos se construye el nuevo edificio para la Fiscalía General del estado de Morelos, ubicada en un predio de 10 mil metros cuadrados, en el municipio de Temixco.
La secretaria de Obras Públicas (SOP), Patricia Izquierdo Medina, supervisó recientemente el avance de la construcción e informó que la nueva edificación tendrá toda la infraestructura necesaria para cumplir la atención en materia de justicia, con innovaciones, servicios y tecnología de punta.
En el recorrido mencionó que en esta etapa se trabaja en la cimentación de los edificios de la dirección de Servicios Periciales —donde se concentrarán el Servicio Médico Forense (Semefo)—, así como las áreas de dactiloscopía, balística, unidad especializada en escena del crimen y laboratorios de química forense, entre otras.
La nueva fiscalía será un edificio especializado para las acciones de seguridad e investigación que se realizan en Morelos; trabajadoras y trabajadores contarán con instalaciones dignas, adecuadas y de primer nivel para desempeñar sus labores, citó el gobierno estatal.
Hay omisión oficial, acusa ONG
El presidente de la Asociación de Protección de Víctimas y Grupos Vulnerables AC, Abimelec Morales Quiroz, celebró la construcción de un nuevo sitio para el Servicio Médico Forense, pero consideró que mientras no se sigan los protocolos para dar el tratamiento digno a los cadáveres será un lugar inhóspito, inhumano.
Morales fue director de Servicios Periciales en la fiscalía estatal de 2006 a 2008 y con esa experiencia explica que el tiempo legal para que un cadáver permanezca en las cámaras frigoríficas es de 60 días.
Precisó que antes de ordenar la inhumación de los restos humanos se debe realizar la toma de muestras, así como el procesamiento y obtención de los perfiles genéticos de los cadáveres.
Esto es imperativo, aseguró, en los cadáveres en calidad de desconocidos, y explicó que una vez obtenidos estos perfiles deben ser enviados a la base nacional de datos genéticos que administra la Procuraduría General de la República (PGR) con el uso del sistema CODIS o Sistemas de Índice Combinado de ADN.
El CODIS, explicó, es un programa informático que contiene bancos de datos locales, estatales y nacionales de perfiles de ADN de personas condenadas, perfiles de ADN de las pruebas halladas en el lugar de los hechos y perfiles de ADN de personas desaparecidas.
“Este es un sistema muy noble ya que permite la identificación de los cadáveres en cualquier parte del país siempre y cuando las fiscalías nutran con la información la base de datos con los perfiles de los cadáveres y de los familiares.
“No hacer uso de esta herramienta implica una grave omisión que lleva a privar a las familias de conocer, en algunas ocasiones, que su familiar ha muerto y así cerrar el ciclo de búsqueda. Sumado a esto, el CODIS costó mucho dinero y esfuerzo establecerlo en México y no es justo que no se haga uso del mismo”, expuso.
Morales Quiroz afirma que la atención de la asociación civil se centra en la fosa de Tetelcingo, Cuautla, donde se depositaron 150 cadáveres, aunque fueron informados recientemente por una ex funcionaria de la Fiscalía de Morelos que en una fosa de Jojutla, al sur de la entidad, fueron inhumados más de 60 cadáveres siguiendo todos los procedimientos legales.
Pero otra vez, dice, saltaron dudas: “¿Esos cuerpos fueron sometidos a muestras? En caso afirmativo falta saber si las muestras y perfiles genéticos obtenidos se enviaron a PGR para ser ingresados a la base de datos nacional de genética.
“En caso contrario, las autoridades incurrieron en las mismas omisiones que en Tetelcingo, y entonces podemos decir que en Morelos existen al menos otros 60 cadáveres en calidad de desconocidos por sus familias.
“La dignidad es el valor que nos damos a nosotros mismos, pero en el caso de los cadáveres, ellos no pueden otorgárselo, razón por la cual es nuestra obligación brindarles esta dignidad”, exigió Morales.
Situación de los cadáveres
En su comparecencia ante comisiones del Congreso de Morelos, el fiscal Javier Pérez Durón, informó que en la fosa de Tetelcingo de Cuautla se depositaron 118 cadáveres en marzo de 2014. De esa cifra, dijo que dos fueron entregados a sus familiares, ocho están en calidad de desconocidos, presumiblemente gente en condición de calle o que murieron en algún hospital y nadie reclamó sus restos; tres cuerpos fueron donados a universidades y por eso la cifra la cerró a 105 cadáveres inhumados en la fosa del oriente Morelos.
Ante diputados de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y Seguridad y Protección Civil, precisó que el cuerpo de Oliver Wencesalo fue entregado a sus familiares en diciembre de 2014. Ese mismo mes entregaron los restos de una profesora, presuntamente víctima de secuestro y asesinada, identificada como Amalia Alejandra Hernández.
Amalia Alejandra es tía de Wenceslao, por lo que la familia de ambos mantienen una batalla legal y ante la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que las autoridades esclarezcan las irregularidades en que fue inhumado Oliver.
El fiscal admitió que no todos los cadáveres cuentan con carpetas de investigación porque algunas están en calidad de reserva o en archivo, y precisó que hay 51 carpetas de la zona metropolitana, 38 de la zona oriente y faltan 27 por integrar, las cuales, estimó, estarán listas en los próximos días.
Pérez Durón dijo que 11 cuerpos inhumados corresponden a personas vinculadas con hechos delictivos, de acuerdo con los resultados de sus huellas dactilares. También reveló que sólo cuentan con 44 pruebas genéticas y las del resto las están integrando.
Aseguró también que cuentan con documentos de autoridades estatales y federales en los que autorizan el uso de un predio de 30 mil metros cuadrados para un cementerio.
