La Contraloría del Estado de Tabasco inició 110 procesos administrativos en contra de ex funcionarios del gobierno que encabezó hasta el 2012, Andrés Granier Melo; además ha interpuesto 25 demandas penales por el llamado saqueo.
Durante su comparecencia ante el Congreso Local, la contralora estatal, Lucina Tamayo Barrios, explicó que se lleva casi un 70 por ciento en la integración de los expedientes, por lo que espera que una vez que se concluya este proceso se emitan las sanciones correspondientes.
Dijo que estos procedimientos de responsabilidades se han iniciado a petición de diversos entes fiscalizadores como la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la Secretaria de la Función Pública (SFP), el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) y las auditorias que ha realizado la misma dependencia estatal.
Informó que el caso de la Secretaria de Administración y Finanzas son 28 expedientes los que se han abierto en contra de ex funcionarios del sexenio de Andrés Granier Melo; de la extinta Secretaria de Asentamientos y Obras Públicas 25, de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) son 23, de la Secretaria de Educación Pública 12, de la Secretaria de Seguridad Pública son 5, de la Secretaria de Salud son 15 y del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco solo 2.
“De las 25 denuncias penales presentadas, a la fecha existen 20 que se encuentran en etapa de investigación en la Fiscalía General del Estado; es pertinente destacar que la Secretaría de Contraloría colabora con la Procuraduría General de la República en la causa penal seguida ante la autoridad Federal correspondiente”, señaló.
Hay que recordar que de la pasada administración hay varios ex funcionarios detenidos, entre ellos el ex mandatario local, Andrés Granier Melo quien se encuentra recluido en un centro penitenciario de la ciudad de México; en tanto que su tesorero, José Saiz Pineda esta en el Centro de Readaptación Social del Estado acusado de ser el principal operador de lo que han llamado “saqueo al erario”.
Tamayo Barrios informó que en el registro estatal de servidores públicos sancionados se han inhabilitado a la fecha a 31 servidores públicos, 47 sancionados con amonestación pública, 74 con amonestación privada, 6 con sanción económica y 21 han sido destituidos de su cargo.
En este año dijo - se han radicado 175 expedientes de responsabilidades administrativas, conformados de la siguiente manera: 19 a petición de la Auditoría Superior de la Federación, 15 a solicitud de la Secretaría de la Función Pública, 53 por el Órgano Superior de Fiscalización, 15 derivadas de observaciones no solventadas a las diversas auditorías realizadas por la Secretaría de Contraloría, 8 por procesos de entrega-recepción, 40 por denuncias presentadas por servidores públicos y 25 denuncias ciudadanas.
Así mismo detalló que la Dirección General de Responsabilidades Administrativas cuenta con mil 732 expedientes en trámite, de los cuales mil 034 se iniciaron en diferentes ejercicios fiscales por denuncias realizadas por diversos entes fiscalizadores
