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El gobernador Ramón Pérez Díaz decidió vetar el Presupuesto de Egresos 2016 aprobado recientemente por mayoría en el Congreso del Estado, al considerar que existen una serie de inconsistencias que deben ser subsanadas.
La notificación del veto fue entregada por el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, quien acompañado por el titular de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, aclaró que el poder Ejecutivo no pretende buscar alguna confrontación con el Legislativo.
“El veto se determinó con base en diversas irregularidades entre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del próximo año, sobre todo porque los egresos aprobados son mayores que los ingresos, con una diferencia cercana a 20 millones de pesos”, dijo Ochoa González.
En ese sentido, Carlos Arturo Noriega precisó que “tenemos una Ley de Ingresos con 13 mil 339 millones de pesos, y tenemos un Presupuesto de Egresos con 13 mil 419 millones de pesos, y obviamente, ante esa inconsistencia, al hacer el análisis aplicamos lo que nos marca la ley, en la posibilidad de que el Ejecutivo pueda hacer el veto”.
Refirió que tras el análisis del paquete económico, se observaron algunas razones que dejarían fuera de la operatividad al Poder Ejecutivo.
“Por ejemplo, la Secretaría General de Gobierno tendría una disminución de 28 millones de pesos; la de Planeación y Finanzas, una disminución de 38 millones; la de Administración y Gestión Pública, de 40 millones; la de Seguridad Pública, de 29 millones, y la Procuraduría General de Justicia del Estado, de 4 millones”, explicó.
Dijo que, además, se pretende aplicar menor presupuesto a la Secretaría de la Juventud, con una disminución de un millón de pesos; a la Secretaría de Movilidad, de 18 millones, y al Sistema DIF, por 40 millones.
Argumentó que, en contra parte, existen incrementos a los presupuestos del propio Congreso del Estado y su órgano fiscalizador, con 19 y 12 millones de pesos, respectivamente.
Para concluir, advirtió que, además, la mayoría del Congreso del Estado aprobó la desviación de recursos federales ya etiquetados hacia otros conceptos, lo que, a juicio del Ejecutivo estatal, representa una ilegalidad.
