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El Congreso de Nuevo León aprobó, la madrugada de este sábado, la Ley de Participación Ciudadana que incluye la revocación de mandato del gobernador, diputados locales y alcaldes.
Igualmente se aprobaron, en lo general y en lo particular y con voto unánime durante una maratónica sesión de casi 12 horas, la consulta popular, la ciudadana, iniciativa popular, audiencia pública, contraloría ciudadana y el presupuesto participativo.
Para que se realice la revocación de mandato, quedó establecido que 10% de los ciudadanos deben avalar la solicitud y aprobar la mayoría de una participación de votantes que alcance por lo menos 40% de la lista nominal del lugar del que se trate.
Ante el júbilo de los diputados, el panista Marcelo Martínez alertó desde la tribuna que se estaba legislando en “la rayita de la constitucionalidad”, ya que con un juicio se podría echar abajo la figura porque no está prevista en la Constitución federal.
Dijo que si bien es cierto que “todos queremos que Nuevo León regrese a ser ese estado de vanguardia y progreso, creo que con esta ley estamos jugando en la rayita de la constitucionalidad y la inconstitucionalidad.
“Esta ley tiene una figura que es la revocación de mandato, que por más que todo mundo la queramos ver firme, tiene sus puntos vulnerables”.
Explicó que en campaña presentó una iniciativa en la que mencionaba que el proyecto tenía más de 11 años en la congeladora, y era inconstitucional por dos tesis jurisprudenciales.
Puntualizó que para que esta ley tenga sustento jurídico, el Congreso federal tiene que modificar la Constitución, ya que “la revocación de mandato no existe”.
Por ello, expuso, “nosotros como legisladores tenemos que exhortar al Congreso federal para que modifiquen la Constitución y logren sacar una reforma para que la revocación de mandato exista, que así como en Chihuahua y Yucatán se han caído dos asuntos de revocación de mandato, no sea el mismo caso en Nuevo León y cualquier otro estado”.
Los coordinadores del PAN y el PRI, Arturo Salinas y Marco Antonio González, coincidieron en que esta legislación no es aplicable para los actuales servidores públicos de elección popular porque llegaron al poder con otra legislación, y se debe aplicar el principio de la no retroactividad.
Según la reforma aprobada y que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, los supuestos por los que se llevaría a cabo la revocación de mandato son violaciones graves a la Constitución federal o local, así como actos de corrupción. Para que proceda la solicitud, deberá haber transcurrido al menos la mitad de su gestión.