Aunque el 30 de noviembre pasado venció el plazo para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Nayarit emitiera un dictamen respecto a la solicitud de sanción presentada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (CDDH) contra el alcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, “Layín”, los legisladores no han dado a conocer el resultado del procedimiento y lo mantienen en sigilo.
Aunque la dirección de comunicación social del Congreso confirmó que los legisladores sesionaron de forma privada y sin acceso a medios antes de que venciera el plazo y “se asignó amonestación privada”.
Al respecto se buscó la versión de la presidenta de la comisión, María Angélica Sánchez Cervantes, quien justificó la decisión de sesionar de manera privada argumentando que “fue una decisión de todos los diputados” y aseguró que el proceso de sanción aún no concluye, pues aún se debe notificar al presidente municipal de San Blas.
“Seguramente cuando eso suceda estaremos informando al respecto”, señaló la legisladora quien dijo que la amonestación privada puede implicar incluso una “amonestación de destitución”.
Según la minuta 126 del Congreso de Nayarit, el pleno de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se reunió el 29 de septiembre para discutir el dictamen “para instaurar procedimiento administrativo sancionador como cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos (…) vinculado con el actuar del presidente municipal de San Blas”.
Aunque la minuta señala que el dictamen fue aprobado por unanimidad, no da cuenta del contenido del dictamen.
El pasado 20 de agosto, la CDDH solicitó al Congreso sancionar a “Layín” por los hechos ocurridos el pasado 28 de febrero durante la fiesta de cumpleaños del edil, donde en varias ocasiones levantó el vestido de la joven con la que bailaba en el escenario, dejando expuesta su ropa interior ante todos los asistentes.
La CDDH argumentó que “al levantar el vestido a su pareja de baile, realizó una intromisión ilegítima a la vida privada de ésta, transgrediendo su persona, dignidad, intimidad, pudor y honorabilidad, y exponiéndola al escarnio no sólo del público asistente, sino también, de aquellos que tuvieron acceso a las video-grabaciones y fotografías que posteriormente se publicaron en medios electrónicos e impresos”.
El 16 de octubre, el presidente municipal de San Blas acudió a comparecer al Congreso para exponer sus argumentos de defensa y a partir de ese momento comenzaron correr los 30 días hábiles para determinar la sanción.