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Integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y estudiantes de la Normal de Arteaga bloquearon ayer la carretera que comunica al municipio de Múgica con el resto de la Tierra Caliente. El cierre intermitente duró cerca de tres horas.

Después maestros disidentes y estudiantes partieron hacia la presidencia municipal de Múgica, donde se manifestaron por varios minutos.

La concentración se diluyó tras la reunión que la CNTE sostuvo con autoridades, en la que definieron que reforzarán el plantón instalado afuera del Palacio de Gobierno, sobre avenida Madero Oriente, y rediseñarán su plan de acciones.

Los manifestantes exigen la liberación de los normalistas procesados por fabricación y posesión de artefactos explosivos de elaboración casera que les fueron hallados durante el operativo realizado sobre el kilómetro 66 de la autopista Siglo XXI el pasado lunes.

Como resultado, 52 normalistas fueron detenidos y puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), que tras encontrar elementos suficientes para consignarlos, los puso a disposición del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Morelia.

De los 52 implicados, el juez dictó auto de formal prisión a los 30 varones recluidos en el penal federal número 11 de Hermosillo, Sonora, mientras que las 22 mujeres terminaron de rendir su declaración la noche del sábado.

De acuerdo con uno de los abogados asignados por la CNTE, se espera que el resolutivo para las jóvenes encarceladas en el penal de Coatlán del Río, Morelos, sea el mismo por tratarse de los mismos hechos y de las mismas imputaciones.

Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles Conejo sostuvo una reunión con los padres de familia de los 52 normalistas detenidos, a quienes les aclaró que la situación jurídica de sus hijos no está en sus manos, sino en las del Poder Judicial de la Federación, indica el boletín emitido por su oficina de prensa.

Según el comunicado oficial, Aureoles se comprometió con los familiares de los estudiantes detenidos a gestionarles una reunión con autoridades de la PGR y de la Secretaría de Gobernación (Segob), que es con quienes tienen que hacer sus planteamientos.

El documento refiere que el mandatario michoacano reiteró su posición de respetar la libre expresión y el derecho de manifestación, pero que no permitirá más hechos delictivos que perjudiquen a la ciudadanía.

En respuesta a las acusaciones de los padres de familia, de la CNTE y de los abogados de los jóvenes, Aureoles señaló que no ha traicionado a nadie y que el único acuerdo que se ha firmado con ellos es para que sus hijos regresen a las escuelas, liberen los vehículos que tienen retenidos en Arantepacua, municipio de Nahuatzen, y cesen las manifestaciones que afectan a terceros.

En contraste, Félix Pérez Lovato, abogado de un grupo de normalistas, advirtió que queda roto cualquier diálogo y acercamiento con el gobierno del estado de Michoacán.

“Pero ya con esta decisión, nuestra interlocución se acaba, por lo cual ahora queda en el aire y a expensas de lo que decidan hacer los padres de familia y los propios normalistas”, señaló.

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