A partir de ayer, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una nueva etapa al frente de Xavier Olea Peláez, nombrado por mayoría de votos por el Congreso, como titular del organismo. La designación cobra relevancia para Guerrero porque el penalista llega cuestionado por su trayectoria en el PRI, partido político que gobernará los próximos seis años.
Olea Peláez es guerrerense, nació en Iguala, pero ha vivido durante los 40 años que lleva como abogado en el Distrito Federal. Su residencia no es lo que más impactó a fracciones minoritarias en el Congreso como Movimiento Ciudadano, sino su historial: defendió a Raúl Salinas de Gortari y al ex jefe de la Policía del DF, Arturo Durazo, también a Sergio Eguren Cornejo y Rafael Medina Pederzini, ex funcionarios panistas presos en Brasil por presuntamente manosear a una mujer y golpear a su acompañante.
El martes 8 de diciembre, el gobernador Héctor Astudillo Flores envió su terna para que el Congreso definiera al fiscal de manera improrrogable, hasta 2022. Por 36 votos de 46, fue electo.
Olea llega señalado por la fracción de Movimiento Ciudadano —tres diputados— y con la desaprobación de la diputada de Morena, María de Jesús Martínez, porque lo vinculan a Añorve Baños; los opositores aseguran que es una cuota política del gobernador Héctor Astudillo.
“Es un grave peligro para la gobernabilidad de Guerrero. Hace afirmaciones muy ligeras”, señaló Mejía Berdeja.
En su currículum, el recién nombrado fiscal, hijo del efímero ex gobernador, Xavier Olea Muñoz, admite haber sido secretario de Asuntos Internacionales del Movimiento Juvenil Revolucionario, del PRI, secretario auxiliar del secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, secretario particular del subsecretario de cultura en el PRI, subprocurador general de Justicia para la Procuraduría General de Justicia en el estado, con el asesinado ex gobernador priísta, Francisco Ruiz Massieu.
Ex asesor jurídico externo del ex alcalde de Acapulco, Manuel Añorve, así como defensor de Raúl Salinas de Gortari; lo que no admite es haber defendido al ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes, por su presunta responsabilidad en el homicidio del diputado Moisés Villanueva.
Movimiento Ciudadano recordó que el gobernador Astudillo ha señalado que el nuevo fiscal debe ser alguien comprometido con la sociedad; pero decidieron por un “personaje que lejos de encarnar el perfil de un fiscal comprometido con el interés público y la representación social representa conflicto de intereses”.
Contra el abogado que ha defendido también a Juan Rafael Moro Ávila Camacho, presunto asesino del periodista Manuel Buendía, o del dueño del crematorio del Pacífico de Acapulco, Guillermo Estúa Zardain, donde se encontraron 60 cadáveres abandonados, pesa la averiguación previa DGI-204/2013 que lo involucra en el caso de José Manuel Saiz, tesorero de Tabasco que cometió un multimillonario desfalco al erario.
En su plan de trabajo, el abogado se mete en cuestiones que no tienen que ver con la fiscalía; por ejemplo, propone activar el programa de “Vecino Vigilante” que compete a la Secretaría de Seguridad Pública, o “formular una política de regulación para Ayotzinapa que pueda mostrar finalmente una actitud institucional de corresponsabilidad”.
