Familiares de Oliver Wenceslao, cuya inhumación irregular puso al descubierto el depósito de otros 104 cadáveres en una fosa común de la Fiscalía General del Estado, acudieron al camposanto para realizar una inspección ocular junto con personal de Derechos Humanos, peritos especializados en criminalística e integrantes del Comité de Víctimas en el estado.
La visita respondió a la queja que presentó la familia de Oliver ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEMOR), por dilación de investigación contra personal de la Fiscalía Regional Oriente, responsables de la inhumación irregular en marzo de 2014.
Fabiola Colín, secretaria Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad dijo que el panteón carece de un registro oficial, es propiedad de un particular, no esta delimitado, no hay vigilancia y tampoco señalización de las fosas. Precisó que el camposanto se encuentra al lado de un de cultivo y justo a la mitad de su superficie atraviesa un camino de saca.
La fosa común se localiza en el poblado indígena de Tetelcingo, del municipio de Cuautla, al oriente del estado.
Javier Perez Durón, designado este día Fiscal General del Estado de Morelos por el voto de los 30 legisladores, admitió que la superficie es propiedad de un particular, quien celebró un convenio con la Fiscalía para utilizarla como confinamiento de cadáveres en calidad de desconocidos o sin identificación.
El Fiscal informó que ya ordenó la concentración de las 104 carpetas de investigación correspondientes a los cuerpos para revisar su estado procesal y que se cumplan con las diligencias mínimas requeridas y así comenzar con el envío de oficios de colaboración con otras instituciones para el reconocimiento de las víctimas.
Reiteró que se inició el procedimiento penal y administrativo por la falta de permisos correspondientes contra quienes resulten responsables.
En el camposanto, familiares de víctimas realizaron una oración por el descanso eterno de los más de 100 cuerpos inhumados.
La tragedia de Oliver Wenceslao
El 24 de mayo de 2013, María Concepción Hernández, madre de Oliver Wenceslao, recibió la llamada de su exnuera para informarle que su hijo de 31 años, comerciante y padre de dos hijos, había sido secuestrado afuera de su domicilio por cuatro sujetos, cuando fue por sus hijos a la escuela. Oliver vivía en la colonia ampliación Gabriel Tepepa de Cuautla.
María Concepción acudió a la Fiscalía de la región donde permitió que el reporte se diera como persona desaparecida y fue hasta las 72 horas posteriores que levantó la denuncia formal con número de averiguación previa CT—UIAE/83/2013. “Nunca me dijeron que la denuncia debió ser por privación ilegal de la libertad”, cita.
Además, Hernández Hernández acusó que el policía de Investigación Criminal, José Manuel Cabrera Barragán, no realizó las investigaciones con apego al protocolo, lo cual quedó asentado en la queja radicada en la CDH 190/2015-2.
El cuerpo de Oliver fue encontrado el 3 de junio de 2013 y luego de realizar las pruebas para la identificación del cuerpo, se determinó el parentesco y se acumularon las carpetas CT—UIAE/83/2013 y la CT—UIDD-A/1791/2013 por la desaparición y homicidio.
María Concepción cuenta que la entonces subprocuradora de la Zona Oriente, Liliana Guevara Monroy manifestó “que era necesario realizar más pruebas periciales en el cadáver de Oliver por lo que era importante que no lo entregaran para asegurar su realización”.
En diciembre de 2013, la directora de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de la Zona Surponiente, Silvia Solórzano Flores, fue destituida del cargo tras una serie de irregularidades en la integración de las carpetas de investigación. En ese mismo mes, Guevara Monroy se jubiló.
Desde entonces y hasta finales del año 2014, María Concepción creyó que el cuerpo de su hijo se encontraba en los frigoríficos del Servicio Médico Forense (Semefo) hasta que uno de sus hermanos, quien realizó prácticas profesionales en el lugar, informó que el depósito de cadáveres estaba vacío.
El 4 de diciembre, el fiscal regional José Manuel Serrano Salmerón, recién nombrado en el cargo, informó a los familiares que el cadáver Oliver fue enviado a la fosa común, del poblado de Tetelcingo, sin realizar los trámites ministeriales y administrativos de ley.
Ahí se enteró que su hijo fue inhumado el 28 de marzo de 2014, Día Estatal de las Víctimas, presuntamente por órdenes del entonces fiscal General del Estado, Rodrigo Dorantes Salgado y Ana Lilia Guerrero Moreira, quien fungía como directora general de Servicios Periciales.
El día 9 de diciembre se ordenó la inhumación de Oliver pero las irregularidades prosiguieron porque los familiares fueron citados a las 4:00 horas y les exigieron mascarillas especiales, así como el traje a fin de evitar problemas de salud. La familia contrató la máquina para escarbar en la fosa porque la Fiscalía dilataba ese trámite.
Amelia Hernández, tía de la víctima, testigo de la exhumación describió la escena como “dantesca” porque los cuerpos extraídos estaban en condiciones paupérrimas y el olor fétido de los cuerpos en descomposición quedó grabado en su mente por días.
Cuando entregaron el cuerpo en Semefo, Amelia aseguró que vio una ficha de la policía municipal en que se reportó el número de 150 cadáveres enterrados.
Al fin el cuerpo de Oliver fue entregado a sus familiares y el 10 de diciembre de 2014 fue enterrado en el panteón municipal de Cuautla.
Se inició entonces la queja judicial JCC/555/2014, a cargo de la jueza oral Gabriela Acosta Ortega, quien determinó la omisión dolosa por parte del Ministerio Público en la investigación.
Otros implicados
Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Especiales de la subprocuraduría Zona Oriente, fue responsabilizado de la inhumación de Oliver porque presuntamente éste se encontraba en calidad de desconocido en Semefo, sin embargo, luego de pruebas de grafología y el propio desconocimiento del implicado, se determinó que dicho documento fue falseado, declaró María Concepción.
El fiscal regional Manuel Serrano requirió a Servicios Periciales la información de la inhumación de Oliver Wenceslao y constató que el agente del ministerio público Carlos Alberto Flores García fue quien ordenó la inhumación el 18 de abril de 2014 pero que se efectuó el 28 de marzo, es decir, primero se enterró el cuerpo y luego se giró la orden.
En este caso, tampoco la firma correspondió al implicado lo que se determinó a través de las pruebas correspondientes.
Este viernes, los familiares de Oliver denunciaron que la carpeta fue remitida a Cuernavaca, a pesar de que los hechos e indagaciones ocurrieron en Cuautla.