Hermosillo.— Tras nueve años de trabajar con la familia del ex gobernador Guillermo Padrés Elías, Gisela Peraza Villa fue acusada de robar 5 millones de pesos y joyas de la Casa de Gobierno; fue torturada y privada de su libertad por cuatro años, dos meses y una semana. Ayer presentó una denuncia penal en contra de 20 ex funcionarios de la pasada administración y exige un resarcimiento económico por 20 millones de pesos.
El agente del Ministerio Público especial, Octavio Augusto Sandoval, recibió la demanda por los delitos de tortura, abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociación delictuosa y los que resulten.
La lista de los demandados la encabeza Guillermo Padrés, funcionarios de seguridad estatal, jueces y servidores públicos. Peraza señaló que con esta acción judicial busca que reparen los daños que sufrió luego de que la acusaran del presunto robo.
La historia. Tenía 15 años cuando Gisela acudió a una agencia de empleo donde la enviaron como niñera de los hijos del matrimonio Padrés-Dagnino con un pago semanal de 600 pesos.
Con el tiempo fue adquiriendo mayores obligaciones, al grado que se quedó a servir a la familia las 24 horas. Llegó a ser ama de llaves y a ganar 12 mil pesos mensuales.
El 12 de marzo de 2011 visitó a su familia y se retiró temprano porque el “señor” tenía salida a Cananea y debía poner una olla de menudo para el desayuno. Su hermana Delma la buscó al día siguiente y no la encontró, no había contacto con ella.
A la semana, Gisela fue llevada al domicilio de su hermana por agentes de la Policía Estatal Investigadora (PEI); ahí les platicó que fue víctima de tortura y obligada a confesar un robo que no cometió.
Al día siguiente, su familia la llevó a interponer una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derecho Humanos. Pasaron dos semanas, cuando Gisela Pereza fue bajada a la fuerza del vehículo de su hermana Delma. “Eran más de 50 policías, cerraron calles, catearon mi casa, se robaron 15 mil pesos y celulares”, recordó.
Gisela estuvo dos meses separada de su familia, arraigada. El 2 de junio de 2011 la trasladaron a Huatabampo, al sur del estado, a más de seis horas de la capital; mientras el proceso ocurría, ella no era notificada.
Después de dos años la trasladaron a un penal de San Luis Río Colorado, y a unos meses de cumplir la sentencia de cuatro años, fue trasladada al Centro de Readaptación Social Femenil de Hermosillo.
Cumplió su condena el 2 de junio de 2015, pero fue impedida de dejar el penal bajo el argumento de que se encontró droga en su celda. Fue hasta el 8 de junio, un día después del proceso electoral, cuando obtuvo su libertad. Ni 20 millones de pesos van a pagarle la tranquilidad perdida, menos la tortura a la cual se le sometió para que confesara un robo que no cometió, dijo frente al Ministerio Público.
Hoy en día vende empanadas, oficio que aprendió cuando estuvo recluida en el penal de Huatabampo. Su hermana Delma asegura que son secretos de familia los que llevaron a Gisela a la cárcel en forma injusta.
