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El fiscal General del estado de Morelos, Javier Pérez Durón, entregó un informe a los legisladores locales donde acepta que en la fosa de Tetelcingo, en Cuautla, se depositaron 118 cadáveres, pero insistió que no se trata de una fosa clandestina. “Lo que hay es una inhumación judicial dentro de las instalaciones de un cementerio que opera de manera legal”, explicó el funcionario.
Al comparecer ante las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y Seguridad y Protección Civil, lamentó que haya personajes que con ligereza y afanes protagónicos, abusen del dolor de los familiares y los revictimicen al confundirlos.
En la sede del Congreso del Estado, explicó que en 2014 sepultaron 118 cadáveres, de ellos 107 cuentan con carpeta de investigación, ocho no la tienen, aunque están plenamente registrados, localizados y referenciados, pues su situación era de calle.
Detalló que se donaron tres cuerpos a alguna universidad para las prácticas de los estudiantes de medicina. No obstante con base en las pruebas periciales, afirmó que todos y cada uno de los cuerpos que existen en la tumba, tienen una clara referencia.
Aseguró que cuentan con documentos de autoridades estatales y federales donde dan autorización para utilizar el predio de 30 mil metros cuadrados para un cementerio.
El fiscal comprometió seguir con el trabajo de integración de carpetas, mismo que será puesto a disposición en dos semanas más.
El miércoles pasado visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) iniciaron las investigaciones en el panteón de Tetelcingo para conocer la identidad de los cuerpos depositados en la fosa común de la Fiscalía General del Estado.
El visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama López, y un equipo multidisciplinario, inspeccionaron la zona para cumplir con la atracción de la queja radicada en la Comisión de Derechos Humanos de Morelos desde principios de este año.
Además, la CNDH pretende conocer el número exacto de cuerpos inhumados en marzo de 2014, porque primero se dijo que eran 105, luego 118 y una tarjeta informativa de la Policía de Mando Único de Cuautla reportó la inhumación de 150.
Guadarrama López dijo que la participación de instancias como la UAEM, así como de activistas como Javier Sicilia o el padre Alejandro Solalinde son de vital importancia.
Ese grupo junto con organizaciones civiles de familiares de desaparecidos, se reunieron con el secretario de Gobierno, Matías Quiroz, para pedirle que un Comité Científico, liderado por la UAEM, asumiera la investigación e identificación de los cuerpos, pero su petición fue rechazada.
La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, se pronunció a favor de que sea el Equipo Argentino de Antropología Forense el responsable de identificar los cuerpos.
