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El fiscal morelense, Javier Pérez Durón, entregó un informe a los legisladores locales donde acepta que en la fosa de Tetelcingo, en Cuautla, se depositaron 118 cadáveres pero insistió que no se trata de una fosa clandestina como se ha dicho, porque autoridades estatales y federales autorizaron el cementerio.
Al comparecer ante las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y Seguridad y Protección Civil, el fiscal entregó una carpeta con detalles de la investigación que ha iniciado por el depósito de cadáveres en la fosa.
En su informe explicó que en la fosa común sepultaron 118 cuerpos en 2014, dos fueron entregados a sus familiares, 8 están en calidad de desconocidos, presumiblemente gente en condición de calle o que murieron en algún hospital y nadie reclamó sus restos; tres cuerpos fueron donados a universidades y por eso la cifra se cierra a 105 cadáveres inhumados en las fosa del oriente Morelos.
Uno de los cadáveres entregados en diciembre pasado corresponde al de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, comerciante de 31 años quien fue privado de su libertad y asesinado a mediados de 2013; a pesar de haber sido identificado plenamente por su familia y a través de pruebas de genética y dactilares, su cuerpo fue inhumado de manera irregular el 28 de marzo.
Durante su comparecencia, Pérez Durón dijo que el otro cadáver entregado el 9 de diciembre corresponde al de una profesora, presuntamente víctima de secuestro y asesinada, a quien nombró como Amalia Alejandra Hernández.
Amalia Alejandra es tía de Wenceslao por lo que la familia de ambos mantiene una batalla legal y ante la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que las autoridades esclarezcan las irregularidades en que fue inhumado Oliver, cuyos detalles no fueron aludidos durante la comparecencia de Pérez Durón.
El fiscal admitió que no todos los cadáveres cuentan con carpetas de investigación porque algunas están en reserva o en archivo, y precisó que hay 51 carpetas de la zona metropolitana, 38 de la zona Oriente y faltan 27 por integrar, las cuales estimó, estarán listas en dos semanas.
Pérez Durón dijo que 11 cuerpos inhumados corresponden a personas vinculadas con hechos delictivos, de acuerdo con los resultados de sus huellas dactilares. También reveló que sólo cuentan con 44 pruebas genéticas y el resto las están integrando.
Aseguró que cuentan con documentos de autoridades estatales y federales donde dan autorización para utilizar el predio de 30 mil metros cuadrados para un cementerio.
afcl