Chilpancingo.— Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña interpusieron, apoyados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue por qué no hay avances en torno a la reconstrucción del estado, cuyos daños fueron ocasionados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid en los municipios de la Costa Chica y la Montaña, donde no hay avances sustanciales.

“La intención es que la PGR investigue qué irregularidades se han cometido en este tiempo, porque hay constructoras que realizan obras en la Montaña, pero los damnificados no saben de los montos ni por qué en las comunidades no han iniciado trabajos”, denunció Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos.

Más de 2 mil personas partieron en caravana desde Tlapa a la capital el lunes pasado; el martes hicieron una parada en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, donde padres de los 43 desaparecidos respaldaron la lucha de cientos de damnificados para conseguir la reconstrucción de sus caminos, escuelas, puentes y hospitales destrozados por los meteoros.

Barrera explicó que son alrededor de 25 mil familias las afectadas tan sólo en los 19 municipios de la región Montaña y tres de la Costa Chica, contando las 28 comunidades desplazadas a las que les tienen que reconstruir sus casas.

En una primera fase, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a la reconstrucción de Guerrero con una inversión de 37 mil millones de pesos que, de acuerdo con los avances en caminos de los municipios Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Acatepec, Atlamajalcingo del Monte e Iliatenco no se han observado.

Barrera aseguró que “ha habido una devastación institucional con estas empresas fantasma o estas empresas de políticos que solamente están pensando en lo propio y cómo seguir engañando a los pueblos, por eso no vamos a tolerar esa situación”.

Dijo que no hay puentes colgantes para que lo niños crucen ríos y no ha habido clases regulares desde hace dos años en al menos 30 escuelas que necesitan ser construidas por completo, y que nadie sabe los nombres de las empresas ni “sus padrinos políticos, que tienen que ser investigados si cometieron fraude”.

Después de la entrega del documento que firmaron integrantes de las comunidades afectadas, los inconformes se reunieron con titulares de delegaciones federales como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pero no hubo acuerdos.

Los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre de 2013, Manuel e Ingrid afectaron a los 19 municipios de la Montaña, junto a otros 35, en gran intensidad, en diferentes puntos del país, por eso el 23 de septiembre de 2013 el gobierno federal declaró zona de desastre a los 56.

La región de la Montaña reportó 40 fallecimientos por el desastre y 28 comunidades de desplazados, como Filo de Acatepec, El Tejocote, La Lucerna, Moyotepec, El Tepeyac y San Miguel Amoltepec, donde hasta la fecha no hay propuestas concretas de reubicación.

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