Visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acudieron al panteón de Tetelcingo para realizar las primeras investigaciones sobre los cuerpos depositados en dos fosas comunes de la Fiscalía General del Estado.
El segundo visitador general de la (CNDH), Enrique Guadarrama López, arribó al camposanto de la comunidad indígena junto con un equipo multidisciplinario de médicos, sicólogos y peritos para realizar las primeras inspecciones de la zona.
La presencia del equipo de la CNDH obedece a la atracción de la queja radicada en la CDH Morelos desde principios de este año, por la inhumación irregular del cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete, en marzo de 2014, privado de su libertad y asesinado en 2013.
En las fosas fueron sepultados 150 cadáveres entre ellos Wenceslao a pesar de que sus familia lo identificaron plenamente.
El visitador Guadarrama López dijo que la acción tiene por objeto privilegiar la atención a los familiares de las víctimas. “Es un punto medular, ver las condiciones en que están, pedir la información a las autoridades correspondientes y de ahí seguiremos el curso de las averiguaciones”, informó.
Expresó que no puede determinar la duración de este proceso porque el inicio es verificar las condiciones del lugar donde están enterrados más de 100 cuerpos, así como recabar la información de las carpetas de investigación.
Guadarrama privilegió la atención a los familiares de las víctimas, tanto psicológica como jurídica, y agradeció que sean ellos mismo quienes provean de datos que las autoridades se niegan a dar o incluso falseen.
Asimismo, dijo que la participación de instancias como la UAEM, así como de activistas como Javier Sicilia o el padre Alejandro Solalinde son de vital importancia para coadyuvar en la identificación de los cuerpos.
Por su parte el fiscal general Javier Pérez Durón, negó cualquier notificación de la CNDH en torno a dicha visita pero se dijo respetuoso de las peticiones.
Aseguró que el área de Derechos Humanos de la Fiscalía entregó en tiempo y forma toda la información solicitada por la CDH Morelos, y agregó que si el caso lo atrajo la Comisión Nacional fue por la queja radicada en la instancia homóloga de la entidad.
Pérez Durón rehusó dar detalles sobre las carpetas de investigación de los 150 cuerpos inhumados en las fosas del poblado de Cuautla, o sobre la posibilidad de que sea la PGR la que atraiga la investigación. “Mañana durante la comparecencia en el Congreso del estado ampliaré la información”, acotó.
Por su parte la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina
y el Caribe (CATWLAC), por sus siglas en inglés, exigió al gobernador Graco Ramírez solicite y brinde las facilidades necesarias para que sea el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) quien se encargue de realizar la identificación de los cuerpos, de tal forma que no quede la más mínima duda de su filiación, para tranquilidad de las familias de personas desaparecidas en Morelos y del resto de la República Mexicana.
También pidió al Fiscal General, Javier Pérez Durón, realizar las investigaciones con la debida diligencia y fincar responsabilidades a las y los funcionarios involucrados, entre otros, al entonces fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado y a la directora general de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira, por ser los responsables directos y quienes presuntamente ordenaron dichas inhumaciones.
