estados@eluniversal.com.mx
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso de las dos fosas encontradas en el ejido de Tetelcingo en Morelos, y en las cuales se han contabilizado alrededor de 150 cuerpos inhumanos de manera clandestina por la Procuraduría de Justicia del estado.
Entre las víctimas encontradas en el predio conocido como El Maguey, está Oliver Navarrete Hernández, cuya madre, María Concepción Hernández Fernández, así como su tía Amalia Alejandra Hernández Fernández, recibieron amenazas, por lo que se dictaron medidas cautelares urgentes para proteger su integridad.
Debido a la gravedad del caso en el que esta involucrado el gobierno de Morelos, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, envió de inmediato al segundo visitador del organismo, Enrique Guadarrama.
Además se giraron oficios al secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina, y al Fiscal General del estado, Javier Pérez Durón, con el propósito de que conserve las evidencias existentes en el lugar donde se hallaron las fosas, entre ellas, identificar a todas las personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes estén autorizados para manejar los indicios, huellas y vestigios de lo ocurrido.
CNDH ofrece apoyo. La actuación de la comisión se deriva de la reunión que sostuvo el titular del organismo con los familiares del joven Oliver, representantes de asociaciones que buscan a personas desaparecidas, el poeta Javier Sicilia y al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez.
En este marco el presidente, Raúl González Pérez, se comprometió a trabajar con toda celeridad en el caso, así como acompañar a familiares de desaparecidos y del propio Oliver, quien fuera secuestrado y asesinado en 2013.
Ayer EL UNIVERSAL publicó que la Policía de Mando Único en Cuautla registró la inhumación de 150 cadáveres en dos fosas del panteón de Tetelcingo de acuerdo con el oficio SSPyTM/DPP fechado el 28 de marzo de 2014 y con el sello del gobierno de Cuautla.
Ese parte oficial contrasta con la versión del fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, quien declaró que se trata sólo de una fosa con 105 cadáveres en calidad de desconocidos.
El caso de la fosa se conoció tras la denuncia de una madre que acusó a la Fiscalía estatal de sepultar, en marzo de 2014, el cuerpo de su hijo secuestrado y asesinado en 2013.
La mujer explicó que desde ese año identificaron el cuerpo de su hijo llamado Wenceslao, pero que las autoridades se negaron a entregar los restos con el argumento de investigar a los responsables. Wenceslao permaneció casi un año en el Semefo hasta que un día lo exhumaron junto con más de un centenar de cuerpos depositados en una fosa de Tetelcingo.
Los familiares de Wenceslao tomaron video de la exhumación y lo difundieron en las redes para denunciar la existencia de la fosa clandestina.