Se acumulan amparos por cobro indebido de impuestos

Cuernavaca.— El gobierno del estado acumuló 5 mil 600 expedientes relativos a juicios de amparo promovidos por ciudadanos que exigen la devolución del pago realizado por Derechos de Registro de Bienes Inmuebles.

En uno de esos casos hubo retraso en la devolución del impuesto por lo que un tribunal colegiado resolvió dar parte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que analice la destitución del gobernador Graco Ramírez y de Adriana Flores Garza, titular de la Secretaría de Hacienda, por inejecución de sentencia.

Flores dijo que “la petición del colegiado a la Corte quedará sin efectos porque el gobierno del estado atendió la orden del juzgado federal para devolver 22 mil pesos a un particular al establecer que el impuesto por Derechos de Registro de Bienes Inmuebles es ilegal. Lo que pasó fue un retraso en el pago por el exceso de trabajo, pero cumplimos”, dijo.

Pero el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo de Circuito, con sede en esta ciudad, resolvió, el 18 de septiembre, dar parte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que analice la destitución del gobernador y la secretaria por inejecución de sentencia.

Flores Garza informó que el viernes pasado fueron notificados de la decisión de los magistrados del colegiado, por lo que analizaron el alcance de su resolución y concluyeron que no existen consecuencias mayores porque entregaron un cheque por el monto que ordenó un juez que corresponde al porcentaje que pago el ciudadano por la adquisición de un inmueble.

Aceptó que hubo retraso en la devolución del impuesto por el exceso de trabajo en la secretaría, la cual atiende los juicios de amparo y ya acumuló 5 mil 600 expedientes por las mismas razones.

En su argumento los magistrados Ana Luisa Mendoza Vázquez, Alejandro Roldán Velázquez y Guillermo del Castillo Vélez, establecieron que hay constancia del cheque recibido por la parte quejosa con lo que se da por cumplida la ejecutoria de sentencia, aunque, constituye un retraso injustificable en el cumplimiento del fallo.